La madrugada del 4 de febrero de 1976, un sismo de magnitud 7,5 sacudió Guatemala durante 39 segundos. La radio estatal guatemalteca resume el resultado con una frase que sirve para toda la región: «Casas, edificios, templos religiosos y monumentos históricos de la nación fueron severamente dañados o destruidos». Murieron más de 23.000 personas y se destruyeron unas 258.000 viviendas.
La escena se repite con otras fechas y otros nombres. Managua, 1972. San Salvador, 1986 y 2001. Cada vez, el patrimonio construido aparece en la misma lista que las viviendas y las escuelas: dañado, demolido, abandonado. La pregunta ya no es si habrá otro terremoto, sino qué ocurre con los edificios que sobrevivieron a los anteriores.
Lo que un sismo deja cuando pasa
La UNESCO plantea el problema en dos partes. El riesgo de desastre en un sitio patrimonial depende de su exposición a una amenaza —un sismo, una inundación, un incendio—, pero también de la vulnerabilidad propia del sitio. Y esa vulnerabilidad tiene que ver con la capacidad de anticipar, afrontar y responder. Es decir, con decisiones tomadas o postergadas mucho antes del temblor.
La misma agencia advierte que numerosos bienes del Patrimonio Mundial «no tienen ninguna política, plan o proceso establecido» para gestionar esos riesgos, y que los mecanismos nacionales de preparación suelen operar sin expertos en patrimonio. En Centroamérica, esa ausencia se traduce en algo concreto: edificios intervenidos de urgencia, sin diagnóstico, y fachadas vacías que se sostienen solas.
San Salvador, 1986: el catálogo de lo perdido
El 10 de octubre de 1986 un terremoto golpeó San Salvador. La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) lo describe como el más potente del siglo en el país y registra miles de víctimas, heridos y damnificados. Su lista de edificios dañados funciona como un inventario de la ciudad: el Edificio Dueñas, el Edificio Darío, el Gran Hotel San Salvador, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Educación, el monumento a El Salvador del Mundo y la Catedral Metropolitana, entre otros.
No todos cayeron. Varios quedaron en pie pero inutilizables, y ese es un problema distinto: un inmueble con daño estructural puede permanecer años cerrado, sostenido por apuntalamientos provisionales, mientras se decide qué hacer con él. La demolición es rápida; la evaluación no.
La respuesta institucional llegó en los años siguientes. En 1988 se creó la OPAMSS; en 1991, el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA); en 1993 se decretó la Ley de Protección al Patrimonio Cultural y su reglamento, que según la propia OPAMSS constituye la base legal para identificar, investigar, proteger, conservar y difundir los bienes patrimoniales del país.
2001: el costo de reconstruir sin diagnóstico
En enero y febrero de 2001 dos terremotos volvieron a golpear El Salvador. La CEPAL estimó el total de daños y pérdidas en 1.604 millones de dólares: 939 millones en daños directos y 665 millones en pérdidas indirectas. Dentro de ese total, el sector «educación y cultura» concentró 211 millones, de los cuales 190 corresponden a daño directo.
La cifra incluye escuelas, bibliotecas, museos e inmuebles patrimoniales, y no desagrega cuánto correspondió a cada uno. Pero deja una lección de método: sin inventario previo, el daño se estima a bulto y la reconstrucción se decide por urgencia. La OPAMSS lo admite en su propio balance: todavía recomienda verificar técnicamente los inmuebles que siguen «en mal estado e inhabitables desde los terremotos de 1986 y 2001», mediante estudios especializados de sus estructuras.
En 2018, más de tres décadas después del primero de esos sismos, la verificación aparecía todavía como una recomendación escrita y no como una práctica cerrada. Ese es el punto donde el patrimonio deja de ser un asunto de historia y se vuelve un asunto de gestión de riesgo.
Guatemala 1976 y Managua 1972: dos centros que cambiaron de forma
El terremoto guatemalteco de 1976 tuvo epicentro en Los Amates, Izabal, sobre la falla del Motagua, y activó el sistema de fallas de Mixco. Chimaltenango fue el departamento más afectado, con cerca de 14.000 muertos. La radio estatal consigna un dato que explica la magnitud del daño constructivo: las casas eran de adobe, y eso complicó la búsqueda de sobrevivientes. El impacto económico se estimó en más de 1.250 millones de dólares.
Managua ya había sufrido un sismo destructor el 31 de marzo de 1931. El del 23 de diciembre de 1972 la destruyó por segunda vez y, según el informe del ICOMOS, obligó a los habitantes a abandonar por completo el centro de la ciudad. La mayoría de los edificios eclécticos de concreto armado construidos hasta finales de los años cuarenta quedaron parcial o totalmente destruidos.
El mismo informe documenta lo que vino después: entre 1973 y comienzos de los noventa, el centro histórico no recibió ningún tipo de intervención. La Catedral Vieja de Santiago, construida entre 1927 y 1940 con estructura de acero, sufrió daños severos en la fachada norte y en los últimos tramos de las torres. Quedó abandonada hasta mediados de los noventa; la restauración se decidió y luego se suspendió por problemas de cimentación que el informe considera irrecuperables. Cuando se publicó ese informe, en 2002, el sitio seguía expuesto a la amenaza sísmica, sobre todo en las zonas afectadas en 1972.
Cuatro sismos y su efecto documentado sobre el patrimonio construido
| Sismo | Fecha | Efecto documentado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Managua | 23 dic. 1972 | La mayoría de los edificios eclécticos del centro destruidos; Catedral Vieja con daño estructural grave | ICOMOS |
| Guatemala | 4 feb. 1976 | Templos y monumentos históricos dañados o destruidos; 258.000 viviendas destruidas | Radio TGW |
| San Salvador | 10 oct. 1986 | Daños en Catedral Metropolitana, Biblioteca Nacional, Ministerio de Educación y edificios emblemáticos | OPAMSS |
| El Salvador | 13 ene. y 13 feb. 2001 | 211 millones de dólares de daño en «educación y cultura»; inmuebles del centro seguían inhabitables en 2018 | CEPAL / OPAMSS |
Fuente: Elaboración propia con datos de ICOMOS, Radio TGW, OPAMSS y CEPAL.
La vulnerabilidad se construye
Un sismo no destruye el patrimonio por sí solo. Lo que colapsa son las paredes de adobe sin refuerzo, las cornisas mal ancladas, los techos de madera con humedad acumulada, las fachadas que sostienen todo el edificio. La UNESCO cita investigaciones en zonas sísmicas según las cuales las construcciones con técnicas tradicionales han resistido bien los terremotos cuando se les da mantenimiento; el problema aparece cuando se abandonan o se les añade concreto sin criterio.
El Manual de intervención y rehabilitación estructural que la OPAMSS publicó en 2022 con apoyo del proyecto de USAID Gobernabilidad Municipal lo dice sin rodeos: en el Centro Histórico de San Salvador hay edificaciones construidas sin lineamiento sismorresistente, y su carácter patrimonial exige un tratamiento especial en cualquier proceso de rehabilitación. El manual también advierte sobre los elementos no estructurales —cornisas, balcones, decoraciones— que pueden caer durante un sismo.
Intervenir sin borrar: lo que dice el ICOMOS
La Carta del ICOMOS de 2003 sobre análisis, conservación y restauración estructural del patrimonio arquitectónico parte de una constatación incómoda: las estructuras históricas presentan desafíos de diagnóstico y restauración que limitan la aplicación directa de los códigos modernos. Y añade algo que suele olvidarse en la discusión pública: exigir a un edificio antiguo los mismos niveles de seguridad que a uno nuevo puede requerir medidas excesivas, cuando no imposibles.
De ahí salen criterios operativos. La intervención debe demostrar que es indispensable; debe ser proporcional al objetivo de seguridad y dejar el menor daño posible a los valores patrimoniales; debe ser reversible cuando se pueda, para que pueda retirarse si aparece mejor información. El documento también rechaza una práctica frecuente en centros históricos: eliminar las estructuras internas y conservar solo las fachadas no cumple criterios de conservación.
La mejor terapia es el mantenimiento preventivo.
— ICOMOS, Carta de 2003, principio 3.2
La Carta admite una excepción para los casos de emergencia, como los daños sísmicos: se puede actuar sin el estudio completo si hay riesgo de colapso inminente. Pero incluso esas medidas urgentes, dice, deben evitar modificar el edificio de forma irreversible cuando sea posible. Es la diferencia entre apuntalar y demoler.
Las herramientas que ya existen
El Centro Histórico de San Salvador fue declarado como tal por el Decreto Legislativo 680, del 18 de julio de 2008, publicado en el Diario Oficial del 21 de agosto de ese año. La delimitación quedó en tres perímetros: Microcentro, Centro Ciudad y Centro Consolidado. Toda intervención en un inmueble con valor patrimonial requiere autorización del Ministerio de Cultura, y el permiso de construcción pasa además por la OPAMSS.
El manual de 2022 ordena ese trámite. Distingue obra menor de obra mayor, exige un profesional con especialidad en restauración cuando el inmueble tiene valor patrimonial y describe el proceso de autorización en tres fases: resolución de autorización del proyecto, aprobación de planos y constancia de finalización de obra. También describe las técnicas de reforzamiento aplicables al Microcentro, que es donde se concentran los edificios más antiguos.
Hay experiencia regional. En Nicaragua, tras los eventos sísmicos de 2014 en León, el Consejo Nacional de Universidades convocó a la UNI, la UNAN y la UCA para evaluar el daño de varios bienes patrimoniales. Los equipos combinaron documentación histórica y reconocimiento de campo, aplicaron una semaforización de tres niveles de daño y produjeron expedientes actualizados con planimetría de los inmuebles. La metodología está publicada en la Revista Arquitectura +.
Lo que falta
El libro que la OPAMSS dedicó al Centro Histórico en 2018 incluye, entre sus recomendaciones, crear planes y programas de prevención de desastres para la capital y un fondo de desastres. Es una recomendación, no un instrumento vigente. También recomienda poner en marcha escuelas taller de artes y oficios tradicionales para formar a los técnicos que después trabajarán en los inmuebles históricos.
Las dos propuestas apuntan al mismo hueco: no basta con tener manuales si no hay quien los aplique ni dinero reservado para hacerlo. Un centro histórico requiere albañiles que sepan trabajar con cal, madera y tierra, ingenieros que entiendan el comportamiento de la mampostería antigua, y un fondo que permita intervenir antes del colapso, no después.
También falta información pública. Saber cuántos inmuebles del centro están en mal estado, cuántos fueron evaluados estructuralmente y cuántos tienen un proyecto de rehabilitación en marcha es el punto de partida de cualquier política. Sin ese inventario, la discusión se queda en la anécdota del edificio que se cayó.
Cierre: la memoria también se protege
Esta serie recorrió el territorio y la memoria de un país pequeño y denso: la lengua lenca, la aldea maya bajo la ceniza, Cuscatlán y sus documentos, el añil que tiñó la región. El último cuaderno trata de lo que sostiene todo eso: los edificios donde esa memoria ocurrió. Un centro histórico no es un conjunto de fachadas para fotografiar; es la prueba material de cómo se construyó, se comerció y se vivió en una ciudad.
Centroamérica no puede evitar sus terremotos. Sí puede decidir qué hace con lo que queda en pie: si evalúa antes de demoler, si mantiene antes de restaurar, si forma técnicos antes de necesitarlos, si reserva fondos antes del desastre. Proteger un centro histórico es, al final, una forma de decidir qué parte del pasado va a seguir disponible para el futuro.
