El 16 de enero de 1992, el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional firmaron en el castillo de Chapultepec, en Ciudad de México, el acuerdo que puso fin a doce años de guerra civil. No fue un documento único: fue un conjunto de acuerdos que tocaban el Ejército, la policía, la justicia, el sistema electoral, la tierra y la economía.
La pregunta que se hace treinta y cuatro años después no es si se cumplió, sino qué cambió de verdad en la estructura del Estado. La respuesta es desigual: hubo reformas profundas en el monopolio de la fuerza y en la competencia electoral, y quedaron pendientes la justicia, la tierra y la política social.
Qué se firmó
- Reforma de la Fuerza Armada: nueva doctrina, educación militar, reducción de efectivos y depuración de la oficialidad.
- Creación de la Policía Nacional Civil bajo autoridad civil, en sustitución de los cuerpos militarizados.
- Reforma del sistema judicial y del Ministerio Público.
- Nuevo Tribunal Supremo Electoral y reglas para la competencia partidaria.
- Comisión de la Verdad para investigar las violaciones graves de derechos humanos.
- Transferencia de tierras a excombatientes y campesinos de las zonas de conflicto.
- Foro de Concertación Económica y Social para negociar la política de posguerra.
- Participación política del FMLN y cese al fuego con desarme y desmovilización verificados.
La Organización de las Naciones Unidas verificó el cumplimiento. El Consejo de Seguridad creó la Misión de Observadores (ONUSAL) el 20 de mayo de 1991, mediante la resolución 693, y en enero de 1992 amplió su mandato para vigilar el cese al fuego, la separación de fuerzas y la instalación de la nueva policía.
El Ejército
La reforma militar fue la más visible. El acuerdo ordenó redefinir la doctrina, separar la seguridad pública de la defensa nacional, reducir efectivos y revisar la hoja de servicio de la oficialidad. La Comisión Ad Hoc, creada por los propios acuerdos, se instaló el 19 de mayo de 1992 y entregó su informe al presidente Alfredo Cristiani y al secretario general de la ONU el 22 de septiembre de ese año.
El calendario se tensó en el último trimestre. El gobierno suspendió la reestructuración y la reducción de sus fuerzas, y el FMLN detuvo su desmovilización. Las partes acordaron cerrar el conflicto el 15 de diciembre de 1992, y el gobierno se comprometió a completar las recomendaciones de la Comisión Ad Hoc.
José María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana, resume el resultado en una revisión publicada en la revista ECA: la eliminación de los cuerpos paramilitares, entre ellos la Defensa Civil, la unificación de la policía bajo mando civil y la reducción drástica del número de militares fueron «pasos eficaces nacidos de los Acuerdos».
La policía
La Policía Nacional Civil fue el experimento más delicado. Había que sustituir a la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional por un cuerpo nuevo, profesional y bajo autoridad civil. La Academia se retrasó: estaba prevista para el 1 de mayo de 1992 y la policía empezó a operar en marzo de 1993, con observadores internacionales supervisando su despliegue.
Al terminar la misión, según el balance de la ONU, la Policía Nacional Civil tenía algo más de 7.000 agentes y unos 220 mandos medios y superiores. La propia organización advirtió que el cuerpo necesitaba fortalecer su estructura de investigación y sus mecanismos de control interno. El cambio de mando y de doctrina fue real; la depuración y la capacidad de investigar delitos quedaron como tareas abiertas.
La verdad y la justicia
La Comisión de la Verdad, integrada por tres personalidades internacionales, publicó su informe el 15 de marzo de 1993. Cinco días después, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, el Decreto 486. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al presidente que la vetara.
La ley cerró la puerta a los procesos penales durante más de dos décadas. El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema la declaró inconstitucional, por impedir la investigación, el enjuiciamiento, la sanción y la reparación de violaciones graves. La CIDH saludó la decisión el 25 de julio de ese año y recordó que había advertido del problema desde 1993.
Tojeira, que vivió el proceso desde la UCA, sostiene que la justicia transicional formó parte implícita de los acuerdos y fue obstaculizada de manera sistemática por el Estado, incluida la ley de amnistía. Su balance de 2025 propone cinco principios: víctimas al centro, verdad como punto de partida, justicia no punitiva, reparación y garantías de no repetición.
La tierra y el Foro
El acuerdo agrario era una de las piezas centrales y una de las más frágiles. Preveía transferir tierras a excombatientes y campesinos de las zonas de conflicto. El calendario se rompió: la entrega debía concluir a fines de julio de 1992, el FMLN suspendió su desmovilización el 30 de septiembre y el acuerdo sobre la tierra se cerró entre el 13 y el 16 de octubre, con una propuesta del secretario general de la ONU.
El otro componente, el Foro de Concertación Económica y Social, fracasó casi de inmediato. Tojeira lo atribuye a la falta de voluntad de las partes y a la ausencia de financiamiento internacional. Estados Unidos había aportado un promedio cercano a 500 millones de dólares anuales para la guerra y no sostuvo la posguerra con la misma generosidad; el Banco Mundial negó créditos que la ONU había solicitado para el programa de tierras.
Lo que no cambió
El modelo económico no se negoció. Las reformas de mercado de finales de los ochenta y principios de los noventa siguieron su curso, y el país adoptó el dólar como moneda en 2001. El acuerdo de paz cambió el régimen político y la relación entre Ejército, policía y sociedad; no cambió la estructura de propiedad ni la política fiscal.
Un análisis publicado en la revista Entorno lo plantea con claridad: Chapultepec transformó a una de las fuerzas contendientes en partido político y abrió un ciclo de estabilidad, pero la economía ya funcionaba con un modelo de mercado que la paz no discutió. La consecuencia fue que la desigualdad sobrevivió al conflicto que había nacido de ella.
El Estado treinta y cuatro años después
En enero de 2026, El Faro describió el aniversario como una fecha sin conmemoraciones oficiales y con un gobierno que no reconoce los acuerdos como base del sistema democrático. Es una lectura política, no un dato jurídico, y conviene tomarla como lo que es: el diagnóstico de un medio crítico sobre el presente.
Lo verificable es la arquitectura que dejaron los acuerdos: una Fuerza Armada subordinada al poder civil, una policía separada del Ejército, un tribunal electoral autónomo y una competencia partidaria real. Esa arquitectura se sostuvo tres décadas y hoy está bajo tensión.
Los compromisos de Chapultepec y qué ocurrió con ellos
| Compromiso | Qué establecía | Qué ocurrió |
|---|---|---|
| Fuerza Armada | Nueva doctrina, reducción de efectivos y depuración de la oficialidad | Reducción y depuración efectivas; el Ejército dejó de ser actor electoral |
| Policía | Sustituir los cuerpos militarizados por una policía civil | La PNC empezó a operar en marzo de 1993; la investigación criminal quedó débil |
| Justicia | Reforma del sistema judicial y del Ministerio Público | Avance parcial; la depuración del sistema fue la recomendación menos cumplida |
| Verdad | Comisión de la Verdad con mandato de investigar | Informe publicado el 15 de marzo de 1993 |
| Amnistía | No formaba parte del acuerdo | Aprobada el 20 de marzo de 1993; declarada inconstitucional en 2016 |
| Tierra | Transferencia a excombatientes y campesinos | Acordada en octubre de 1992 tras retrasos; ejecución conflictiva |
| Política económica | Foro de Concertación Económica y Social | No funcionó; el modelo de mercado siguió sin negociación |
Fuente: Naciones Unidas (ONUSAL, Peacemaker); CIDH (2016); Tojeira, ECA (2012 y 2025).
Cómo leer el balance
Los acuerdos fueron eficaces donde tocaron el uso de la fuerza y las reglas electorales, y mucho menos eficaces donde tocaban dinero, tierra y justicia. Esa asimetría no es un accidente: reformar un ejército y una policía se puede verificar con observadores; redistribuir tierra y juzgar a los responsables requiere poder político que ninguna misión internacional puede sustituir.
Treinta y cuatro años después, el legado sigue siendo doble. El país dejó de matarse por la vía armada y construyó instituciones electorales que funcionaron durante tres décadas. Al mismo tiempo, arrastra una deuda de verdad y reparación que la amnistía congeló y que el fallo de 2016 apenas empezó a destrabar.
