La noche del 22 de enero de 1932, grupos de campesinos armados con machetes y hachas entraron a varios pueblos del occidente de El Salvador. En pocas horas tomaron el control de una docena de municipios cafetaleros de Ahuachapán, Sonsonate y La Libertad. La insurrección la habían preparado militantes comunistas y dirigentes indígenas pipiles, y ocurría después de dos años de despidos, hambre y elecciones disputadas. La respuesta del Estado fue una matanza que todavía se discute.
Noventa y cuatro años después, el episodio conocido como la Matanza sigue siendo uno de los hechos más citados de la historia social salvadoreña y uno de los peor contabilizados. No existe un registro de víctimas. Las cifras que circulan van de 5.000 a 40.000 personas, y cada una tiene detrás una fuente, un método y, casi siempre, una intención política.
La tierra que la reforma liberal quitó
El conflicto de 1932 no empieza en enero de 1932. Empieza medio siglo antes, cuando el Estado salvadoreño desmontó la propiedad comunal de la tierra para convertirla en propiedad privada cultivable de café. Las reformas agrarias de inicios de la década de 1880 disolvieron el sistema comunal que había sostenido a la mayoría de la población campesina, según documentan Erik Ching y José Alfredo Ramírez. Algunos usufructuarios recibieron parcelas, pero los decretos de privatización no las hicieron suficientemente grandes para mantener a sus descendientes. El país era pequeño, densamente poblado y no tenía frontera agrícola hacia dónde expandirse.
Hacia finales de los años veinte, miles de trabajadores rurales, ladinos e indígenas, se habían convertido en proletarios sin tierra. En las fincas de café vivían como colonos o terrazgueros: recibían el derecho a ocupar una casa y una parcela pequeña a cambio de trabajo, y pagaban una renta en especie o en servicios personales. La cosecha era la única fuente de ingreso monetario para la mayoría.
El café, la crisis y el hambre
El crack de 1929 golpeó a una economía que dependía de un solo producto. Entre 1929 y 1935, el 95 % de las ventas al exterior de El Salvador fueron café. A fines de 1931, el precio de exportación del grano era apenas el 30 % del que existía antes de la caída de la bolsa de Nueva York, y el volumen vendido era un 25 % menor que antes de la crisis, según los datos que reúne Francisco Daniel Fernández Martínez. La caída del ingreso fiscal llegó en el peor momento: el Estado necesitaba dinero para pagar al Ejército y a la Guardia Nacional.
El resultado fue una contracción del empleo rural, salarios más bajos y despidos en plena cosecha. En ese contexto, las demandas de tierra y de salario dejaron de ser solo económicas y se volvieron políticas.
Del sindicato al partido
La organización obrera salvadoreña venía de los años veinte. La Federación Regional de Trabajadores de El Salvador (FRTS) se fundó en 1924 y llegó a agrupar unos treinta sindicatos y varios miles de afiliados, sobre todo urbanos: panaderías, zapaterías, construcción y transporte. Era reformista y negociaba salarios; los militantes radicales la llamaban «amarilla».
El Partido Comunista Salvadoreño (PCS) nació en marzo de 1930, salido de las filas de esa federación. En su momento de mayor auge, a mediados de 1930, tenía alrededor de 500 miembros, más de la mitad en San Salvador y sus alrededores, y estaba afiliado a la Comintern. Miguel Mármol y Modesto Ramírez viajaron a la Unión Soviética ese año para asistir al congreso de la Internacional Sindical Roja.
Había una tercera organización. El Socorro Rojo Internacional (SRI) se fundó en 1928, pero tomó fuerza cuando Farabundo Martí regresó de Nicaragua, donde había combatido con Sandino. El SRI era una entidad pública de ayuda, con miles de miembros, y funcionaba coordinado con el partido. No era un grupo marginal: la insurrección de 1932 movilizó a miles de personas en tres departamentos.
El fraude y la insurrección
En diciembre de 1931, un golpe de Estado llevó al poder al general Maximiliano Hernández Martínez. En enero de 1932 se celebraron elecciones municipales, y la oposición denunció fraude. La insurrección estalló la noche del 22 de enero, después de una ola de represión contra huelgas rurales y contra la dirigencia campesina.
Los alzados eran, en su mayoría, terrazgueros indígenas pipiles hablantes de náhuat, armados con machetes, hachas y algunas escopetas y rifles. También participaron jornaleros agrícolas que habían protagonizado la primera gran huelga rural del país. Tomaron varios municipios y mantuvieron el control durante pocos días.
La represión
El gobierno respondió con el Ejército y con milicias civiles. La represión no se limitó a combatir a los alzados: se extendió sobre comunidades indígenas y campesinas del occidente, con ejecuciones sumarias y cuerpos abandonados en caminos y fosas. Fernández Martínez califica el episodio como uno de los más atroces de represión o terrorismo de Estado en la historia moderna de América Latina, y sostiene que la mayoría de las víctimas fueron civiles desarmados.
El régimen fusiló a dirigentes, entre ellos Farabundo Martí. También desapareció la dirigencia indígena local, lo que dejó a las comunidades sin autoridades propias y sin interlocutores frente al Estado.
Cuántos murieron
Aquí empieza el problema. No hay censo de víctimas ni registro de entierros. La cifra oficial que circuló durante décadas fue de unas 5.000 personas, y la memoria popular habla de 30.000. La investigación académica reciente tiende a situarse alrededor de 10.000. En 2010, la agencia AFP resumía la distancia entre las dos versiones al informar del perdón presidencial: 5.000 «según la historia oficial» y 30.000 «de acuerdo con historiadores».
Cada estimación tiene un método distinto. Quienes hablan de 10.000 se apoyan en archivos, prensa de la época y testimonios de sobrevivientes; quienes sostienen 30.000 o más trabajan con proyecciones sobre población y con relatos de comunidades enteras destruidas. También hay un uso político del número: una cifra mayor subraya la magnitud del crimen; una menor, la continuidad del relato oficial.
Las cifras de víctimas de 1932 y quién sostiene cada una
| Estimación | Quién la sostiene | Base de la estimación |
|---|---|---|
| Unas 5.000 | La versión oficial difundida durante décadas, citada por la AFP en 2010 | Relatos militares y estimaciones oficiales de la época |
| 10.000 | Gould y Lauria-Santiago (2008); Ching, López Bernal y Tilley (2007), citados por Fernández Martínez (2025) | Archivos, prensa y más de doscientas entrevistas a sobrevivientes |
| 20.000 | Cálculos que recoge Kay (2003) junto a la cifra de 30.000 a 40.000 | Estimaciones historiográficas previas |
| 25.000 a 32.000 | EFE (2022), que las atribuye a «diversas fuentes» | Rango periodístico sin desagregación |
| Unas 30.000 | Memoria popular y estimaciones altas; es la cifra que la AFP atribuye a «historiadores» | Tradición oral y cálculos de la segunda mitad del siglo XX |
| 30.000 a 40.000 | Kay (2003), «según algunos cálculos» | Estimaciones altas de la historiografía de los años setenta y ochenta |
Fuente: Gould y Lauria-Santiago (2008); Kay (2003); Fernández Martínez (2025); AFP (2010); EFE (2022).
La discusión no se limita a los números. También se debate cómo nombrar lo ocurrido. Un artículo de la revista Realidad, de la UCA, propone el concepto de «genocidio cultural» para describir la destrucción de la vida comunal indígena, y discute las ventajas y los límites de esa categoría frente a «masacre» o «etnocidio».
El silencio y la memoria pública
Durante décadas, 1932 fue un tema ausente del espacio público. Las familias no hablaban del asunto; los libros de texto lo mencionaban de pasada; el Estado no lo conmemoraba. El efecto fue más profundo que el silencio: la represión aceleró la pérdida del idioma náhuat y de las prácticas comunales. Como resume un trabajo publicado en la revista Koot, la masacre produjo la virtual desaparición de los últimos restos de la cultura indígena náhuat-pipil, sobre todo el idioma, la vestimenta y las costumbres.
El primer acto oficial de reparación simbólica llegó en 2010. El 12 de octubre de ese año, el presidente Mauricio Funes pidió perdón «en nombre del Estado salvadoreño» a las comunidades indígenas por «la persecución» y «el exterminio de que fueron víctimas durante tantos y tantos años». Lo hizo en un congreso indígena, en el Día de la Hispanidad, y mencionó expresamente 1932.
La memoria también se construye desde abajo. En enero de 2022, a los 90 años de la matanza, miembros de pueblos originarios del occidente se reunieron en las ruinas de la iglesia La Asunción, en Izalco, conocidas como El Llanito, donde están enterradas algunas víctimas. Encendieron un fuego, hicieron una caminata con antorchas la noche anterior y pidieron por la tierra. La ceremonia no sustituye una política de memoria; al menos la hace visible.
Qué sigue en disputa
Tres preguntas siguen abiertas. La primera es cuántas personas murieron y cómo se sostiene una cifra sin fuentes primarias completas. La segunda es si la categoría adecuada es genocidio, etnocidio, crimen de lesa humanidad o masacre. La tercera es qué debe hacer el Estado: investigar, reparar, enseñar o las tres cosas a la vez.
La Matanza no fue un estallido irracional ni una conspiración externa. Fue la respuesta de un Estado oligárquico a una población rural despojada de tierra, golpeada por la crisis del café y organizada políticamente. Entender eso no requiere adornar el relato. Requiere precisión sobre el contexto, sobre la represión y sobre las cifras.
