Durante casi todo el siglo XIX, la escuela rural salvadoreña existió más en el papel que en el paisaje. Los decretos la ordenaban, los informes oficiales la contaban y, al mismo tiempo, la mayoría de los niños del campo nunca llegaba a sentarse frente a un maestro. La brecha entre la norma y el aula es el hilo de esta historia, que va de 1850 a 1968 y que no termina con una reforma sino con una cuenta pendiente.
El punto de partida es una obligación escrita. El 3 de febrero de 1841, un decreto ejecutivo estableció que «en todos los pueblos y valles, que tuvieren ciento cincuenta almas, habrá precisamente escuelas de primeras letras», a las que debían concurrir los niños de siete a dieciséis años. Otra disposición de la época, el artículo 14 citado en el mismo estudio, obligaba al Gobierno a plantear escuelas en todos los pueblos del Estado que tuvieran o debieran tener municipalidad. El economista Víctor René Marroquín reúne ambos textos en un trabajo sobre las ideas pedagógicas de Gerardo Barrios.
Barrios y las escuelas normales
La norma no bastaba: faltaban maestros. Gerardo Barrios, que gobernó entre 1859 y 1863, impulsó la que Marroquín llama la primera reforma educativa del país. Fundó cuatro escuelas normales para formar maestros de primeras letras, con un plan de estudios de dos años. La de San Salvador se estableció en julio de 1858 y la de Santa Ana el 20 de octubre de ese mismo año, con trece asignaturas: lectura, escritura, matemáticas puras, gramática castellana, gramática latina, física, lógica, doctrina cristiana, geografía, dibujo, francés, inglés y metafísica.
El impulso tuvo un final abrupto. Tras la caída de Barrios, en 1865, las escuelas normales quedaron clausuradas, las escuelas de primeras letras fueron abandonadas y, según Marroquín, el sistema educativo entró en una crisis que duró veintiún años. El sostenimiento de las aulas volvió a quedar en manos de los municipios y de iniciativas privadas.
La reforma liberal y su límite
La reforma del Estado de 1885 y 1886 cambió la arquitectura del sistema. Según el análisis de Iván Molina Jiménez, el aparato educativo, que estaba bajo control municipal y fuertemente influido por la Iglesia católica, fue centralizado y secularizado. La Constitución de 1886 consagró el carácter laico de la enseñanza pública, y los reglamentos de educación primaria de 1889 y 1908 fijaron la obligatoriedad y las edades: de seis a catorce años para los varones y de seis a doce para las niñas.
El alcance de esa modernización fue menor de lo que sugiere el texto legal. Molina Jiménez registra que el descontento popular se expresó en una baja de la matrícula escolar después de 1886 y en el apoyo al candidato respaldado por la Iglesia en la campaña de 1889; solo a partir de 1891 el número de alumnos matriculados volvió a subir. Centralizar la escuela no equivalió a llevarla al campo.
Los números de 1894
La historiadora María Julia Flores Montalvo reconstruyó la serie de asistencia escolar entre 1894 y 1924 a partir de las memorias de Instrucción Pública y de los diarios oficiales. El primer dato es contundente: en 1894 asistían a la escuela unos 47.046 estudiantes en un país de 750.000 habitantes. Eso equivalía al 6,6% de la población total y al 31% de la población en edad escolar, calculada entonces en unos 150.000 niños.
El porcentaje estaba en línea con el resto de América Latina y por debajo de Uruguay (9%) y Costa Rica (7,3%), según la misma fuente. Pero la tendencia no mejoró: en 1906 había 29.629 matriculados y una asistencia media de 19.452; en 1915 la proporción de niños en edad escolar que asistía había caído al 13,7%. En 1918, el diplomático estadounidense Dana Gardner Munro escribió que «sólo cerca de un cuarto de los niños entre 6 y 14 años están recibiendo instrucción».
El café contra el aula
La explicación de ese límite no es pedagógica, sino económica. Flores Montalvo vincula la expansión del café con el despojo de tierras comunales y ejidales de la década de 1880 y con el sistema jurídico y represivo que, según Patricia Alvarenga, el Estado diseñó para integrar a los campesinos al trabajo de las haciendas. Los niños participaban en las labores agrícolas y no podían asistir a la escuela; además, el Estado tenía poco interés en educar a una población que era la base de la producción.
La escuela rural era, en ese esquema, un gasto sin retorno político inmediato. Molina Jiménez cita el diagnóstico de Munro sobre las escuelas del campo: tenían «apenas tres grados regulares» y pocas oportunidades de continuidad. Un niño que terminaba tercer grado no tenía dónde seguir, y muchas veces tampoco tenía un maestro disponible durante todo el año.
Alfabetismo: la brecha que se heredó
El analfabetismo siguió el mapa de esa exclusión. Molina Jiménez compara los censos de 1950 y las cohortes de nacimiento, y encuentra que en El Salvador la diferencia entre varones urbanos y varones rurales pasó de 35,8 puntos porcentuales en la cohorte nacida antes de 1885 a 47,6 puntos en la nacida entre 1926 y 1930. La brecha entre mujeres urbanas y rurales también se amplió. El país no solo alfabetizaba poco: alfabetizaba de manera desigual.
La comparación regional ayuda a entender la magnitud. A fines del siglo XIX, El Salvador era uno de los países del istmo donde, por cada niño inscrito en la escuela, había tres o cuatro que no lo estaban, según los datos de Newland que cita el mismo artículo. Costa Rica había logrado elevar la alfabetización rural desde fines del siglo XIX, en especial entre las mujeres; El Salvador no.
La escuela de un solo maestro
En 1961, el país seguía lejos de la escuela universal. La tesis doctoral de Melida Anaya Montes, defendida en la Universidad de El Salvador en 1969, reúne las cifras del censo y de los anuarios estadísticos. Ese año, la población de siete a catorce años era de 528.216 niños, el 21,03% de los 2.511.300 habitantes. La inscripción en escuelas públicas y privadas llegó a 318.390, es decir al 60,2%, y quedaron sin atención 209.831 niños, el 39,73%.
El reparto de esa matrícula muestra el sesgo: 194.040 alumnos (60,94%) eran urbanos y 124.350 (39,06%) rurales, aunque los niños del campo eran casi el doble de los de la ciudad. En 1961 había 444.000 niños de cinco a catorce años en el área rural frente a 242.000 en la urbana. Anaya Montes describe las consecuencias: «las escuelas del medio rural resultan escasísimas para absorber a todo el elemento y la mayoría de ellas llegan apenas hasta el 3er. Grado».
El analfabetismo de los adultos confirmaba el patrón. Entre la población de diez años y más, el 71,6% de los urbanos sabía leer y escribir, frente al 31,9% de los rurales. La escuela rural no era una versión pobre de la urbana: era otro sistema, con menos grados, menos maestros y menos años de asistencia posible.
1968: la reforma que llegó tarde al campo
La reforma de 1968, impulsada por el ministro de Educación Walter Béneke, se planteó tres ejes: calidad, cobertura y relevancia. Introdujo cambios curriculares, la televisión educativa, la formación docente en la Ciudad Normal Alberto Masferrer y el bachillerato diversificado, según la tesis de Claudia Marlene Rivera Navarrete y el estudio de Elba Noemí Arana Mendoza. Marcó el sistema educativo salvadoreño de la segunda mitad del siglo XX.
Su punto débil fue el mismo de siempre. En 1968 la educación básica arrastraba sobrepoblación de alumnos, infraestructura insuficiente, deserción y repitencia asociadas a la desnutrición y a la inestabilidad económica, según Rivera Navarrete. La reforma reorganizó el currículo y la formación docente, pero no resolvió la pregunta de fondo: cómo llevar escuela completa, con maestro estable, a comunidades dispersas de un país agrícola.
La escuela rural en cinco cortes
| Año | Dato | Fuente |
|---|---|---|
| 1841 | Decreto: escuelas de primeras letras en pueblos y valles con 150 almas | Marroquín (2004) |
| 1858 | Se fundan las primeras escuelas normales del país | Marroquín (2004) |
| 1886 | La Constitución consagra la enseñanza laica y el sistema se centraliza | Molina Jiménez (2002) |
| 1894 | 47.046 asistentes: 6,6% de la población total y 31% de la edad escolar | Flores Montalvo (2011) |
| 1915 | La asistencia cae al 13,7% de la población en edad escolar | Flores Montalvo (2011) |
| 1961 | 39,73% de los niños de 7 a 14 años quedaba fuera de la escuela | Anaya Montes (1969) |
| 1968 | Reforma educativa: calidad, cobertura y relevancia | Rivera Navarrete (2009) |
Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes citadas.
Lo que queda en el expediente
La historia de la educación rural salvadoreña entre 1850 y 1968 no es la historia de una ausencia de políticas, sino la de políticas que no llegaron a ejecutarse en el territorio donde vivía la mayoría de la población. Hubo decretos desde 1841, escuelas normales desde 1858, laicización y centralización en 1886, series estadísticas desde 1894 y una reforma de alcance nacional en 1968.
Lo que faltó fue lo más caro: presupuesto sostenido, maestros dispuestos a quedarse en el campo y un modelo escolar compatible con la economía de las familias agrícolas. Mientras el café necesitó manos infantiles, la escuela rural compitió con la cosecha y perdió. La matrícula de 1961 lo dice sin adornos: cuatro de cada diez niños en edad escolar estaban fuera.
Ese es el expediente que la reforma de 1968 heredó y que ninguna reforma posterior cerró por completo. La pregunta sigue siendo la misma que en 1841: cuántas almas necesita un valle para merecer una escuela, y quién paga los años que faltan.
