Una reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal que estudia la Asamblea Legislativa propone castigar con prisión a los conductores de transporte público y de carga que circulen sin licencia. La iniciativa, enviada por el Gobierno, tipifica esa conducta como conducción peligrosa y elimina la posibilidad de resolver los casos mediante conciliación, mediación o reparación integral.
El texto plantea penas de dos a cinco años de prisión para quienes conduzcan vehículos de transporte colectivo o de carga sin la autorización requerida, aun cuando no hayan generado un riesgo concreto. La sanción sube hasta 15 años si el hecho provoca muertes o lesionados.
La reforma también alcanza a los propietarios. El proyecto prevé de cinco a diez años de cárcel para el dueño, poseedor o responsable de un vehículo de transporte colectivo o de carga de ocho toneladas o más que permita que otra persona lo conduzca sin licencia.
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|---|---|
| Conducir transporte público o de carga sin licencia | 2 a 5 años |
| Conducción peligrosa con homicidio o lesiones (transporte) | Hasta 15 años |
| Propietario que permite conducir sin licencia (8 toneladas o más) | 5 a 10 años |
| Conducción peligrosa con resultados mortales (vehículos particulares) | Hasta 10 años |
La protesta de los motoristas
El anuncio cayó mal entre conductores del transporte colectivo que arrastran deudas por infracciones de tránsito. Según relataron a periodistas de los medios de comunicación, las multas acumuladas les impiden renovar la licencia y, sin licencia, no pueden trabajar.
«Tal vez entramos a plan de pago, pero lo que yo pago una cuota me ponen tres esquelas», dijo uno de los motoristas consultados. El plan de pago vigente es de nueve meses y, según los conductores, no se ajusta a su situación económica.
Los trabajadores piden dialogar con las autoridades de transporte antes de que la reforma avance. Algunos admitieron malas prácticas al volante, pero sostuvieron que la mayoría necesita la licencia para generar ingresos.
El contexto
La iniciativa se presentó el 15 de octubre y fue remitida a la Comisión de Seguridad Nacional. Incluye cambios procesales para impedir la conciliación en casos de lesiones culposas, homicidios culposos y conducción peligrosa vinculados con vehículos de motor.
El endurecimiento coincide con una serie de accidentes graves protagonizados por unidades de carga, entre ellos el impacto de una volqueta contra 14 vehículos en el bulevar Constitución, el 30 de septiembre, que dejó dos muertos y al menos 13 lesionados.
Qué sigue
La comisión debe dictaminar el expediente antes de que llegue al pleno. Mientras tanto, los motoristas buscan una salida administrativa: ampliar el plan de pago, condonar parte de las multas o habilitar un permiso provisional que les permita trabajar mientras regularizan su situación.
