La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) archivó el caso García Prieto y otro contra El Salvador. La decisión consta en la resolución de supervisión de cumplimiento del 27 de agosto de 2026, notificada este 28 de octubre, en la que el tribunal dio por concluido el expediente después de verificar que el Estado cumplió cuatro de las cinco medidas de reparación ordenadas en la sentencia de 2007.
La quinta medida —concluir las investigaciones sobre el homicidio de Ramón Mauricio García Prieto y sobre las amenazas y hostigamientos contra sus padres— no se cumplió. La Corte concluyó la supervisión de esa obligación tras considerar que, por el tiempo transcurrido y la inactividad del Estado, la prescripción había operado.
| Medida ordenada en 2007 | Estado |
|---|---|
| Concluir las investigaciones del homicidio y de las amenazas | No cumplida; supervisión concluida |
| Publicar partes de la sentencia en el Diario Oficial y otro diario | Cumplida |
| Asistencia médica, psiquiátrica o psicológica a las víctimas | Cumplida |
| Indemnización por daño inmaterial | Cumplida |
| Reintegro de costas y gastos | Cumplida |
La medida que no se cumplió
En la resolución, la Corte sostuvo que El Salvador «no actuó con la debida diligencia para subsanar las vulneraciones declaradas» en la sentencia respecto de las investigaciones pendientes. El tribunal recordó que la prescripción podía ser materia de supervisión y que el caso no encajaba en los supuestos de su jurisprudencia que impiden invocar la prescripción penal.
Aun así, concluyó que «dado el largo tiempo transcurrido desde los hechos y la inactividad del Estado, era posible considerar que la prescripción había operado en estas investigaciones». Por eso declaró que la medida no había sido cumplida y cerró su supervisión.
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El caso
Ramón Mauricio García Prieto fue asesinado el 10 de junio de 1994, en San Salvador. Según la sentencia de 2007, se dirigía a la casa de unos familiares con su esposa y su hijo de cinco meses cuando dos hombres lo interceptaron, lo amenazaron con armas de fuego y le quitaron una bolsa con 30.000 colones que había retirado de un banco. Uno de ellos le disparó. Murió en el Hospital de la Mujer.
El proceso judicial condenó a José Raúl Argueta Rivas a 26 años de prisión por asesinato, más cuatro años por falsedad material, en 1996. En 2001, Julio Ismael Ortiz Díaz fue condenado a 30 años. Un peritaje citado en la sentencia concluyó que el móvil era el homicidio y no el robo: García Prieto no opuso resistencia y el crimen fue ejecutado por un grupo con actuación «profesional».
La sentencia del 20 de noviembre de 2007 declaró la responsabilidad internacional de El Salvador por la violación del derecho a la integridad personal, en relación con las garantías judiciales, la protección judicial y la obligación de garantizar los derechos, en perjuicio de José Mauricio García Prieto Hirlemann y Gloria Giralt de García Prieto. El tribunal encontró falencias en la investigación para identificar a los autores intelectuales y falta de investigación de las amenazas y hostigamientos que la pareja había sufrido.
El caso también incluyó medidas provisionales para proteger a la familia y a sus representantes, dictadas en 2006 y levantadas entre 2010 y 2015.
Qué significa
El archivo cierra un expediente de casi dos décadas ante el Sistema Interamericano, pero deja una contradicción que el propio tribunal reconoce: el Estado cumplió lo que se paga, se publica y se atiende, y no cumplió lo que se investiga.
La resolución será comunicada a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos a través del Informe Anual 2026 de la Corte, según los puntos resolutivos. El expediente queda archivado.
Para las víctimas, el cierre llega sin la identificación de los autores intelectuales. Para el Estado, el expediente se cierra, pero queda constancia, en un documento oficial del tribunal, de que la investigación no se completó con la debida diligencia.
