El expresidente de la República Elías Antonio Saca salió de prisión tras cumplir la pena de diez años que le impuso la justicia salvadoreña por el desvío de fondos públicos durante su gobierno. La Fiscalía General de la República confirmó la salida este miércoles 28 de octubre, según la cobertura de Canal 12 y La Prensa Gráfica. La orden de libertad tenía vigencia desde el 27 de octubre de 2026.
La Fiscalía General de la República aclaró que su competencia se limita al proceso penal. La responsabilidad civil —el dinero que Saca debe devolver al Estado— deberá resolverla un juzgado de lo civil, y será la Corte Suprema de Justicia la que declare cumplida la obligación, si es que ya lo está. La Fiscalía también indicó que los bienes vinculados al caso seguirán bajo custodia del Estado: 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros, valorados en unos 9,6 millones de dólares, según el comunicado citado por Infobae.
La actual administración de la Fiscalía, a cargo de Rodolfo Delgado, afirmó que desarticuló un supuesto plan atribuido a la gestión del exfiscal Douglas Meléndez para adelantar la libertad del exmandatario. La institución sostuvo que una revisión interna detectó el mecanismo y que tomó medidas para impedir que avanzara, según la cobertura de Canal 12 y La Noticia SV.
«Ya se despachó una orden de liberación, así que podría salir en los próximos días», dijo una fuente judicial al diario salvadoreño, sin confirmar una fecha concreta.
Te puede interesar
PolíticaArranca la campaña presidencial de 2027: propaganda en marcha, candidaturas sin inscribirEl período de propaganda para la elección presidencial comenzó el 27 de octubre y se extenderá hasta el 24 de febrero. A…Leer la nota Diez años y dos condenas
Saca fue sentenciado el 13 de septiembre de 2018 por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador. La pena se dividió en dos tramos de cinco años: uno por apropiación o utilización ilegal de fondos públicos y otro por lavado de dinero y activos.
| Concepto | Monto o pena |
|---|---|
| Pena de prisión | 10 años (5 + 5) |
| Desvío investigado | Unos 301 millones de dólares (2004-2009) |
| Responsabilidad civil | 260,7 millones de dólares |
| Ajuste de 2019 | 347.117,17 dólares adicionales |
| Enriquecimiento ilícito | Devolución de más de 3,8 millones de dólares |
La cifra global del caso, conocida como Destape a la Corrupción, asciende a unos 301 millones de dólares sustraídos entre 2004 y 2009. El monto de responsabilidad civil para los siete condenados en el proceso se calculó en alrededor de 300 millones de dólares. En diciembre de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la obligación de reintegrar el dinero y añadió al cálculo 347.117,17 dólares.
La condena por el desvío es independiente de la que Saca recibió después por enriquecimiento ilícito, en la que se determinó que debía devolver más de 3,8 millones de dólares.
Cómo operó la estructura
Según la investigación fiscal, fondos provenientes de cuentas institucionales de Casa Presidencial fueron trasladados a cuentas particulares mediante cheques sin respaldo legal y operaciones destinadas a ocultar el origen del dinero.
La estructura fue identificada con seis colaboradores del gobierno de Saca: Élmer Charlaix, exsecretario privado de la Presidencia; César Funes, exsecretario de la Juventud; Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones; Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial; Jorge Herrera, extesorero institucional; y Pablo Gómez, exasistente de la Unidad Financiera Institucional.
El caso se convirtió en uno de los procesos de corrupción más voluminosos juzgados en el país en la última década, tanto por el monto del desvío como por el nivel de los implicados.
La captura y el juicio abreviado
Saca fue capturado el 30 de octubre de 2016, durante la celebración de la boda de uno de sus hijos en Antiguo Cuscatlán, en La Libertad. Otros implicados en el caso también fueron detenidos durante el evento.
En agosto de 2018, al inicio del juicio, el expresidente aceptó los hechos que le atribuía la Fiscalía y se sometió a un procedimiento abreviado. Ese mecanismo le permitió reducir la pena a cambio de su confesión.
La deuda que sigue abierta
La salida de prisión cierra el capítulo penal, pero no el financiero. La deuda civil sigue formalmente abierta y su ejecución dependerá de los tribunales civiles y de la Corte Suprema. Según el Diario El Salvador, el pago de la responsabilidad civil figuraba como requisito para la libertad y la Corte Suprema no había informado si esa obligación se cumplió.
El caso también deja preguntas sobre la recuperación efectiva del dinero público. La Fiscalía sostiene que los bienes vinculados permanecen bajo custodia del Estado, pero no ha detallado cuánto de los 301 millones desviados se ha recuperado ni cuánto queda pendiente de reintegro. Esa información es clave para medir el impacto real de la condena.
Qué significa la salida
Saca gobernó entre 2004 y 2009 por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), la misma fuerza que hoy compite en las elecciones de 2027 con la fórmula de Mayteé Iraheta y Verónica Henríquez. La excarcelación llega en un año electoral y a cuatro meses de los comicios presidenciales del 28 de febrero.
El expediente de Saca es, además, una prueba de cómo el sistema judicial salvadoreño ha procesado los casos de corrupción de expresidentes: con condenas penales firmes, pero con ejecución lenta de las obligaciones económicas.
Lo que falta
Tres cosas pueden mover este expediente en las próximas semanas: la salida efectiva del penal, la resolución del juzgado civil sobre la deuda y la eventual decisión de la Corte Suprema sobre el cumplimiento de la obligación. Hasta que esas piezas se acomoden, la libertad de Saca seguirá marcada por un expediente abierto.
