La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras informó que 67 personas han sido inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos por incumplir con la manutención de sus hijos, entre las cuales figura una mujer, mientras que los restantes 66 son hombres.
Datos oficiales sobre el registro de deudores alimentarios
Según explicó Melvin Duarte, director de Comunicaciones del Poder Judicial, estas 67 personas han sido sancionadas judicialmente por no cumplir con sus obligaciones alimentarias, afectando a un total de 92 menores de edad, de los cuales 48 son hijos y 44 hijas.
El funcionario detalló que las obligaciones alimentarias incluyen no solo la provisión de alimentos, sino también gastos relacionados con salud, educación, vestimenta y otras necesidades esenciales para el desarrollo integral de los niños y niñas.
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El registro cuenta con un 80 % de interconectividad entre diversas instituciones del Estado, lo que permite identificar a los deudores y aplicar restricciones en trámites administrativos y legales. Entre las entidades conectadas están el Registro Nacional de las Personas (RNP), la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, el sistema bancario, Migración y Extranjería, alcaldías municipales y consulados.
Esta interconexión implica que las personas inscritas en el registro pueden enfrentar impedimentos para realizar trámites hasta que regularicen sus pagos de manutención.
Montos y proceso judicial
Los montos de manutención varían según los ingresos de la persona obligada y el número de hijos, oscilando entre 3,000 y 40,000 lempiras. Melvin Duarte aclaró que la inclusión en el registro es resultado de una sentencia emitida por los juzgados de familia, garantizando el debido proceso.
Acciones para promover el cumplimiento
El Poder Judicial continúa con jornadas de orientación y concientización en distintas regiones del país para fomentar el cumplimiento de las responsabilidades familiares y facilitar la incorporación de casos de incumplimiento al registro.
Estas medidas buscan proteger los derechos de la niñez hondureña y asegurar que tanto padres como madres cumplan con las obligaciones económicas establecidas por la justicia.




