El diputado de ARENA, Francisco Lira, expresó dudas sobre los avances y la transparencia en la aplicación de las reformas a la Ley Especial para combatir la inflación de insumos agropecuarios, que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en junio de 2022. Estas modificaciones buscan fortalecer el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y ampliar el programa Agrocenta, que atiende entre 35 mil y 50 mil agricultores.
Cuestionamientos sobre resultados y transparencia
Durante una sesión legislativa, Lira señaló que, a pesar de ser la segunda reforma a esta ley —la primera fue en octubre de 2023 para fijar precios de venta de productos para consumo nacional—, no se observan mejoras concretas en la producción nacional. “En recorridos por La Libertad, Ahuachapán, Cuscatlán y La Unión no se ven resultados palpables; la producción sigue bajando y la importación aumenta”, afirmó.
Además, el diputado manifestó preocupación por la exclusión del CENTA de la Ley de Compras Públicas en las nuevas facultades para adquirir insumos, lo que podría generar riesgos en la competencia y rendición de cuentas. Recordó casos previos de corrupción en proyectos con mecanismos de compra directa y exigió claridad sobre los controles establecidos.
Respuesta de la directora del CENTA y alcance de Agrocenta
Odette Varela, directora del CENTA, defendió las reformas argumentando que el programa Agrocenta ha ampliado su cobertura, pasando de cuatro a diez salas de venta, y que se enfoca en pequeños productores ofreciendo fertilizantes a costos significativamente menores que el mercado. Según Varela, los beneficiarios han sido "graduados" y han avanzado de una agricultura de subsistencia a una sostenible.
Las reformas permitirán que el CENTA comercialice semillas certificadas desarrolladas internamente para cultivos como maíz, frijol, arroz y sorgo, además de incorporar servicios de pequeña maquinaria agrícola para facilitar labores productivas. También se busca que la institución pueda actuar ante emergencias, desabastecimientos o cambios extraordinarios en precios.
Facultades y mecanismos de control
La normativa otorgaría al CENTA autorización para adquirir, importar, producir, almacenar y distribuir insumos agropecuarios y maquinaria, con facultad para compra directa a proveedores nacionales o extranjeros, pero excluyéndose de la Ley de Compras Públicas. En respuesta a las inquietudes sobre transparencia, la asesora legal del CENTA, Miriam Henríquez, explicó que la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC) establece normativas internas para garantizar principios de transparencia y competencia, y que el CENTA es auditado por la Corte de Cuentas de la República.
Además, la institución podrá crear reservas estratégicas de productos agrícolas y gestionar financiamiento con bancos nacionales y otras fuentes para fortalecer sus operaciones, incluyendo infraestructura y contratación de personal.
Contexto y perspectivas
El debate refleja la tensión entre la necesidad de fortalecer la producción nacional de granos básicos y la urgencia de garantizar mecanismos de control para evitar irregularidades en la administración pública. La directora del CENTA señaló que la producción nacional fortalecida podría tardar entre dos y seis años, especialmente para desarrollar semillas certificadas, por lo que la importación temporal de insumos es necesaria para asegurar la alimentación en el país.
El diputado Lira propuso incluir en la reforma la promoción explícita de la producción nacional para equilibrar las importaciones, tema que aún no ha sido resuelto en el marco legislativo.
