El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras admitió por mayoría un recurso de amparo presentado a favor del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, decisión que permitirá que el general en retiro pueda continuar su proceso judicial defendiendo su caso en libertad.
Decisión judicial y sus implicaciones
Según informó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, en el programa DDN de HRN y TSi, nueve magistrados votaron a favor y seis en contra de admitir el recurso. La medida suspende la imposición de la medida privativa de libertad que pesaba sobre Vásquez, permitiéndole permanecer bajo arresto domiciliario mientras continúa el proceso judicial.
"La Sala no puede pronunciarse sobre las etapas específicas del juicio, solo otorga la garantía solicitada", explicó Duarte, aclarando que el requerimiento fiscal sigue vigente y que el proceso judicial no ha concluido.
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Romeo Vásquez Velásquez enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en la muerte de Isy Obed Murillo y lesiones graves a Alex Roberto Zavala durante las protestas del 5 de julio de 2009 en Tegucigalpa, específicamente en las cercanías del aeropuerto Toncontín.
El 5 de enero de 2025, Vásquez fue capturado junto con otros exjerarcas militares, Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, y inicialmente enviados a prisión preventiva en la cárcel de Támara. Posteriormente, un juez les otorgó arresto domiciliario, pero en marzo de 2025 la Corte de Apelaciones revocó esta medida, ordenando su retorno a prisión.
Ampliación de cargos y situación actual
Paralelamente, el Ministerio Público amplió la acción penal contra Vásquez, presentando un nuevo requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos. La reciente admisión del recurso de amparo por parte de la CSJ permite que el exmilitar pueda defenderse sin estar en prisión, aunque el proceso continúa en curso.
Contexto y relevancia
Este caso es emblemático en Honduras debido a la implicación de altos mandos militares en sucesos violentos ocurridos durante protestas sociales. La decisión de la CSJ refleja la complejidad del sistema judicial hondureño y el equilibrio entre garantizar el derecho a la defensa y la persecución penal.
El seguimiento a este proceso será clave para la justicia en Honduras, con implicaciones en la percepción pública sobre la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos.
