El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador dictó una condena de 50 años de cárcel a José Antonio Osegueda Rodríguez por el delito de feminicidio agravado, tras obligar a su esposa a consumir una sustancia tóxica que le provocó la muerte.
Detalles del caso y sentencia
Según informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado oficial, el crimen ocurrió en diciembre de 2025 en el barrio San Juan de Dios, San Vicente. El agresor llevó a la víctima a un establecimiento comercial de su propiedad, donde, motivado por un altercado derivado de celos, la intimidó con un bate de béisbol y la forzó a tomar un veneno. Posteriormente, la abandonó sin brindarle ayuda.
La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital público, donde falleció pocas horas después debido a un paro cardiorrespiratorio causado por la intoxicación aguda.
Pruebas y contexto de violencia familiar
La Fiscalía sustentó la acusación con pruebas periciales, incluyendo análisis de activación de antenas telefónicas que confirmaron la presencia simultánea de los dispositivos del agresor y la víctima en el lugar de los hechos. Además, se estableció que la mujer vivió un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual durante 15 años de convivencia con Osegueda Rodríguez, con quien tuvo dos hijos menores que presenciaron episodios de agresión.
El tribunal destacó que, pese a denuncias previas interpuestas por la víctima, estas fueron desistidas debido a la manipulación y coacción psicológica ejercida por el agresor.
Implicaciones legales y próximas etapas
La condena de 50 años representa la pena máxima prevista en la legislación salvadoreña para el delito de feminicidio agravado. El sentenciado deberá cumplir íntegramente la pena en un centro penitenciario asignado por la Dirección General de Centros Penales.
Este fallo refleja la aplicación rigurosa de la ley en casos de violencia de género, un problema persistente en El Salvador que ha motivado reformas legales y fortalecimiento institucional para proteger a las víctimas.
