El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel impuso una condena de 35 años de prisión a William Alberto Paiz Parada, acusado de asesinar y desaparecer a un taxista en un hecho ocurrido en julio de 2020. La sentencia se dictó en rebeldía, ya que el acusado no se presentó al juicio, y se ordenó su captura inmediata.
Detalles del caso y condena
Según informó el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel en un comunicado oficial, el acusado contrató al taxista para un viaje desde el distrito de Chinameca hacia Nueva Guadalupe, en San Miguel Oeste, el 25 de julio de 2020. Durante el trayecto, Paiz Parada sometió a la víctima y tomó el control del vehículo.
Posteriormente, trasladó al taxista hasta una zona boscosa del cerro Zelaya, en el distrito de Lolotique, donde le quitó la vida. El tribunal impuso 20 años de prisión por homicidio agravado y 15 años adicionales por desaparición de personas, totalizando 35 años de cárcel.

Contexto y seguimiento judicial
Durante la audiencia, el tribunal destacó la gravedad del delito y la necesidad de impartir justicia en casos de violencia que afectan a la población. La condena en rebeldía refleja que el acusado no se presentó a responder por los cargos, por lo que las autoridades judiciales emitieron una orden de captura para garantizar el cumplimiento de la sentencia.
Este caso se suma a la serie de procesos judiciales que buscan combatir la impunidad en delitos violentos en la región de San Miguel, donde la violencia contra conductores y trabajadores del transporte ha sido una preocupación constante para las autoridades locales y nacionales.
Implicaciones y próximos pasos
La condena de 35 años representa una sanción ejemplar para los delitos de homicidio agravado y desaparición de personas en El Salvador. Las autoridades judiciales continuarán con la búsqueda y captura de William Alberto Paiz Parada para que cumpla la pena impuesta.
Este fallo también refuerza el compromiso del sistema judicial salvadoreño en procesar y sancionar crímenes que afectan la seguridad ciudadana y la integridad de los trabajadores del transporte público.



