El estado de California ha decidido aceptar 1.420 millones de dólares en fondos federales destinados a la expansión de la banda ancha, pero rechaza la condición impuesta por la administración federal que exige suspender la aplicación de sus leyes estatales de neutralidad de red y otras regulaciones sobre proveedores de servicios de Internet (ISP).
Disputa legal por condiciones federales
Según informó la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) en una carta dirigida a la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), el estado no renunciará a sus derechos constitucionales ni a la aplicación de sus leyes, a pesar de aceptar los fondos del programa Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD), que forma parte de un fondo federal de 42.000 millones de dólares.
La condición federal, conocida como Sección 50, prohíbe a los estados aplicar regulaciones de tarifas, neutralidad de red o requisitos similares a los ISP que reciban subvenciones BEAD, durante un período que puede extenderse hasta 14 años. California considera esta imposición vaga, ambigua y contraria a su legislación estatal y derechos constitucionales.
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California planea destinar 1.420 millones de dólares para desplegar banda ancha en 270.571 ubicaciones, con posibilidad de recibir hasta 1.860 millones para proyectos adicionales. Sin embargo, la CPUC ha indicado que no distribuirá los fondos a los proveedores hasta resolver las diferencias con la NTIA, lo que podría retrasar o cancelar la implementación de proyectos.
El presidente de la CPUC, John Reynolds, afirmó que la aceptación de los fondos no implica renunciar a la aplicación de las leyes estatales ni a la capacidad de otras agencias estatales para hacerlas cumplir. Además, señaló que la ley de neutralidad de red de California establece que cualquier renuncia a sus disposiciones es nula y contraria a la política pública.
Apoyo de grupos de defensa y contexto legal
El grupo de defensa del consumidor Public Knowledge calificó la demanda federal como "atrevida e infundada", señalando que el programa BEAD fue diseñado para garantizar que los proveedores cumplan con todas las leyes aplicables mientras reciben fondos. La disputa refleja un conflicto entre la administración federal y los estados sobre la autoridad para regular servicios de Internet.
Expertos legales indican que la verdadera prueba será cuando un proveedor financiado por BEAD incumpla las leyes estatales, momento en que California podría hacer valer sus regulaciones o enfrentar desafíos legales.
Situación actual y próximos pasos
La NTIA confirmó que todos los estados y territorios han firmado sus acuerdos finales para el programa BEAD, incluyendo California. No obstante, la CPUC continuará negociando con la NTIA para resolver las discrepancias antes de firmar acuerdos con los proveedores y distribuir los fondos.
El gobierno estatal reafirma su compromiso de conectar comunidades rurales y desatendidas, manteniendo vigentes las protecciones legales para los consumidores y usuarios de Internet.
