Una reciente encuesta encargada por el Center for Democracy & Technology (CDT) revela que la mayoría de los adultos británicos se opone firmemente a que el gobierno tenga acceso a sus mensajes cifrados sin una orden judicial. El sondeo, realizado en abril de 2026 por Public First a 2,000 personas, indica que el 93% de los encuestados cree que tienen derecho a mantener privadas sus conversaciones en línea, y el 89% considera que nadie debería acceder a sus mensajes personales sin autorización judicial.
Desconfianza transversal hacia el gobierno
El estudio también muestra que dos tercios de los británicos no confían en el gobierno actual ni en futuros gobiernos para manejar el acceso a mensajes cifrados. Esta desconfianza atraviesa líneas partidistas: el 58% de votantes laboristas, el 59% de conservadores, el 56% de liberales demócratas, el 69% de verdes y el 75% de votantes de Reform expresaron su falta de confianza en que cualquier gobierno tenga ese poder.
Rechazo a órdenes secretas y preocupación por la seguridad
Solo un 12% de los encuestados apoyó la capacidad del gobierno para emitir órdenes secretas a empresas tecnológicas para acceder a datos de usuarios sin que estas puedan revelar la existencia de dichas órdenes. Por el contrario, un tercio se opuso completamente a que el gobierno tenga ese poder, y un 41% pidió mayor transparencia o supervisión parlamentaria.

Además, el 53% consideró que los riesgos de seguridad derivados del acceso a mensajes cifrados superan los beneficios para la aplicación de la ley. El 84% expresó preocupación por que estos mecanismos puedan introducir vulnerabilidades explotables por hackers, y el 82% temió posibles abusos de poder.
Impacto en la conducta y libertad de expresión
El sondeo también reflejó que el 65% de los participantes se volvería más cauteloso respecto a lo que comparten, comentan o les gusta en línea si supieran que sus mensajes pueden ser monitoreados. Asimismo, el 41% admitió que podría autocensurar críticas hacia instituciones públicas o funcionarios gubernamentales.
Contexto y antecedentes
Este rechazo público coincide con la controversia en torno a la legislación británica que permite al gobierno emitir Notificaciones de Capacidad Técnica (TCN) para exigir acceso a datos cifrados. En 2025, Apple retiró su función Advanced Data Protection en el Reino Unido tras recibir una TCN bajo la Ley de Poderes de Investigación, lo que generó una disputa internacional y denuncias de falta de transparencia.
Jim Killock, director ejecutivo de Open Rights Group, comentó que la privacidad en las comunicaciones es fundamental para la libertad individual y la democracia, y advirtió que debilitar la encriptación para perseguir a delincuentes afecta la seguridad de todos y debilita la democracia.
Perspectivas futuras
A pesar del claro rechazo ciudadano, el gobierno británico continúa su esfuerzo por obtener acceso a comunicaciones cifradas, lo que augura un debate prolongado entre la protección de la privacidad y las demandas de seguridad nacional y policial.




