miércoles 21 de octubre de 2026

Honduras

Tres agentes de la DAET en San Pedro Sula enfrentan acusaciones por tráfico de drogas y munición prohibida

El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra tres agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en San Pedro Sula, señalados por tráfico de drogas agravado y tenencia de munición prohibida.

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El Ministerio Público (MP) formalizó un requerimiento fiscal contra tres agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) en San Pedro Sula, Cortés, por presunta implicación en tráfico de drogas agravado y tenencia ilegal de munición. La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de la regional norte lidera la acusación.

Detalles de la acusación y operativo

Según informó el MP en un comunicado oficial, la acción se derivó de un allanamiento realizado en la residencial Villas MacKay, donde se decomisaron varias bolsitas con supuestos alucinógenos, municiones, cargadores, indumentaria militar y distintivos institucionales relacionados con la extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).

Uno de los agentes también enfrenta cargos por tenencia de munición de uso prohibido. La Fiscalía solicitó al Poder Judicial la emisión de órdenes de captura contra los tres uniformados involucrados.

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Investigación disciplinaria paralela

La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) confirmó la apertura de una investigación interna para determinar posibles faltas disciplinarias y establecer responsabilidades administrativas en el caso.

Contexto regional y relevancia

Este caso se suma a una serie de investigaciones recientes contra miembros de la DAET en Honduras, en un contexto donde las autoridades buscan fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. La operación conjunta entre el MP y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) refleja un esfuerzo coordinado para combatir estas problemáticas en la zona norte del país.

El seguimiento judicial y disciplinario de este caso será clave para determinar el alcance de las responsabilidades y posibles sanciones.

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