El Congreso de la República de Guatemala ha dado un paso significativo al solicitar a la Corte de Constitucionalidad una opinión formal sobre la constitucionalidad de las recientes reformas al Código Penal y a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Esta solicitud surge tras el veto presidencial a las modificaciones aprobadas el 14 de abril de 2026.
Contexto de las reformas vetadas
Las reformas, que buscaban ajustar la edad mínima para consentir relaciones sexuales, han generado controversia en el país. La legislación vigente desde 2009 permite que esta edad se reduzca de dieciocho a catorce años, lo que ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores que consideran que esta normativa facilita los abusos.
El veto presidencial y sus argumentos
El presidente de Guatemala, junto a su Consejo de Ministros, vetó las reformas argumentando que presentan violaciones a la Constitución y podrían afectar la protección de los derechos de los adolescentes. Según el acuerdo gubernativo 68-2026, la supresión de ciertos elementos penales podría crear ambigüedades legales.
La solicitud al máximo tribunal constitucional
Con 102 votos a favor, el Congreso decidió remitir el caso a la Corte de Constitucionalidad para obtener un dictamen consultivo. Este paso busca determinar si las reformas contradicen la Constitución, especialmente en lo que respecta a las relaciones sexuales consentidas entre menores de edad.
Implicaciones legales y sociales
El diputado Raúl Barrera, uno de los principales defensores de las reformas, destacó la necesidad de rectificar los artículos del Código Penal que actualmente permiten relaciones entre adultos y menores. La consulta a la Corte de Constitucionalidad es vista como un paso necesario para garantizar la protección de los menores y ajustar la legislación a estándares más estrictos.
