El gobierno propone una nueva ley para las alianzas público-privadas: los cambios en esta nueva normativa van enfocados en reducir la burocracia, quitar límites y crear una nueva dirección encargada; el Ministerio de Hacienda presentó al congreso salvadoreño el proyecto, enfatizando que no se trata de una privatización, sino de un mecanismo para agilizar la ejecución de infraestructura y servicios públicos.
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión recibió el martes 19 de mayo al ministro de Hacienda, Jerson Posada, y a su equipo técnico: el funcionario señaló que la ley vigente, aprobada en 2013, es muy burocrática, y que la nueva normativa busca acortar tiempos sin perder el control fiscal, según reportó Diario Co Latino.
El articulado distingue dos tipos de contratos: los autosostenibles, financiados mediante tarifas cobradas a los usuarios sin demanda de recursos estatales, y los cofinanciados, en los que el estado asume pagos o garantías durante la vigencia del contrato, según la información difundida.
Los proyectos podrían ser utilizados para el desarrollo bajo criterios de rentabilidad social, eficiencia económica, responsabilidad fiscal y distribución de riesgos: los diputados cuestionaron la eliminación de la oficina fiscalizadora, y Posada aseguró que la nueva dirección tendrá autonomía técnica en sus actuaciones.