La Fiscalía General de la República (FGR) presentó su Informe de Labores correspondiente al período comprendido del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026, documento oficial en el que se detallan las acciones realizadas durante la gestión, en cumplimiento del artículo 131 de la Constitución de la República y del capítulo XIII del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.
El documento refleja el trabajo de una institución que fortaleció sus capacidades para enfrentar las distintas manifestaciones de la criminalidad, consolidando avances en la persecución penal, la investigación científica del delito, la coordinación interinstitucional y la incorporación de herramientas tecnológicas para hacer más eficientes sus procesos.
Institucionalidad y talento humano
La FGR fundamenta su accionar en el artículo 193 de la Constitución de la República y en su Ley Orgánica, con el propósito de defender los intereses del Estado y de la sociedad. Durante el período, la institución contó con un total de 2,671 empleados: 1,313 mujeres (823 en el área jurídica y 490 en el área administrativa) y 1,358 hombres (639 en el área jurídica y 719 en el área administrativa).
La estructura institucional está integrada por siete fiscalías adjuntas, unidades asesoras y de apoyo, direcciones fiscales, cuatro unidades adscritas (Unidad de Investigación Financiera, Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, Centro Nacional Anticorrupción y el Instituto Especializado de Educación Superior) y 19 oficinas fiscales a nivel nacional, distribuidas en cinco zonas geográficas.
En materia de acceso a la información pública, la Unidad correspondiente recibió 168 solicitudes durante el período, de las cuales 160 fueron presentadas de forma electrónica y 8 de forma física; 100 por hombres y 73 por mujeres.
Gestión financiera
Para el ejercicio 2025, la FGR formuló un anteproyecto de $153,283,365, aunque la Ley de Presupuesto aprobó un monto de $88,568,541. Con los refuerzos presupuestarios recibidos (Decretos Legislativos No. 422, 456 y 487, por $20,950,550), la institución ejecutó el 100% del presupuesto asignado para necesidades operativas y un 96.06% del total, equivalente a $107,935,935.
Para el ejercicio 2026, la Ley de Presupuesto aprobó $91,664,660, de los cuales $89,580,340 corresponden a necesidades operativas y $2,084,320 al proyecto de construcción de las Oficinas Centrales. Al 31 de mayo de 2026 se había ejecutado el 54.23% de la asignación operativa ($48,575,872.59), y se recibió un refuerzo de $580,849 para el proyecto 6093 mediante Decreto Legislativo No. 528.
Entre los hitos financieros destaca la ejecución total de la donación de UNICEF por $40,000 para el modelo de atención legal y psicosocial a víctimas, y la recepción de donaciones valoradas en $23,759.89 durante 2025 y $50,079.02 durante 2026, gestionadas por la Gerencia de Cooperación.
Fortalecimiento institucional
Uno de los principales logros del período fue la inauguración de las Oficinas Centrales de la Fiscalía (Complejo FGR), que permiten atender entre 375 y 400 usuarios diarios en el módulo de recepción de denuncias, con un promedio mensual de 3,500 personas, además de albergar un moderno Modelo de Atención Psicosocial para Personas en Condición de Vulnerabilidad y el Instituto Especializado de Educación Superior (IEES).
La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de creación del IEES, orientado a formar profesionales altamente especializados en ciencias jurídicas, criminología, ciencias forenses y gestión pública. Asimismo, la FGR desarrolla una plataforma soberana de inteligencia artificial para recibir, estructurar y calificar legalmente denuncias ciudadanas a través de canales digitales como WhatsApp y web, sustentada en los principios de soberanía, seguridad y gobernanza.
La institución recibió además la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma ISO 37001:2016, otorgada por ICONTEC, y El Salvador fue sede del LI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT, celebrado del 28 al 31 de julio de 2025 en San Salvador.
Cooperación y talento humano
Durante el período se firmaron convenios de cooperación con la Vicepresidencia de la República, la Corte de Cuentas, la Agencia de Ciberseguridad del Estado, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Cultura. En el ámbito internacional, se recibió apoyo de la Embajada de China, UNODC, Justice Education Society de Canadá, la Unión Europea, la delegación de Países Bajos y la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
En formación, se ejecutaron 647 cursos (480 de la Escuela de Capacitación Fiscal, 69 internacionales y 98 por invitación nacional), con 2,699 personas capacitadas, además de 50 asistencias técnicas. Destacan el Curso Especializado en Criminología, la capacitación en medidas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, los foros nacionales sobre violencia digital con enfoque de género y la capacitación en propiedad intelectual.
Casos relevantes
Entre los casos más destacados del período figuran las condenas por enriquecimiento ilícito contra Francisco José Cáceres Zaldaña (restitución de $3,872,095.46), Roberto d'Aubuisson y su grupo familiar ($990,396.99) y Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana ($289,567.89), todos inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos.
También se registró la condena de 18 años contra Ernesto Muyshondt y Wilson Alvarado y Paolo Lüers, y de 28 años contra Benito Lara y Arístides Valencia, por negociaciones con pandillas a cambio de votos en las elecciones de 2014 y 2015. Norman Noel Quijano fue capturado el 26 de enero de 2026 al regresar al país, tras confirmarse su sentencia de 13 años y 4 meses de prisión por agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Combate a pandillas
En el combate a las pandillas se celebraron audiencias únicas abiertas contra 485 y 486 cabecillas de la MS-13 (entre ellos 22 ranfleros históricos y 212 ranfleros), a quienes se les atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo homicidios agravados, desaparición de personas, extorsión, feminicidios y tráfico ilícito de armas. Los 22 ranfleros históricos ordenaron más de 9,000 hechos criminales, entre ellos la muerte de 80 policías y el asesinato de 86 personas en la última semana de marzo de 2022.
Se registraron condenas de hasta 1,335 años para 248 pandilleros de la MS-13 en La Libertad, en perjuicio de 169 víctimas; 500 años para el ranflero Douglas Mauricio Vásquez Martínez, alias "Snyper"; y condenas de hasta 597 años para 59 integrantes de la 18 Revolucionarios, entre otros resultados.
Defensa de los intereses del Estado y la sociedad
En la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, se desarticularon estructuras de narcotráfico local e internacional, con la captura de 18 personas y la incautación de 19,349 gramos de cocaína, metanfetaminas y marihuana valorados en $666,433. En el caso Elías Antonio Saca, 25 inmuebles ($7,539,533.18) y 8 productos financieros ($2,036,947.90) pasaron al Estado, y se materializaron 14 inmuebles y 2 productos financieros valorados en $4,554,565.95 relacionados con el tráfico ilegal de personas, además de la incautación de criptoactivos por $2,000,000.
También se lograron condenas de hasta 178 años para 17 integrantes de una estructura de tráfico ilegal de personas con 82 víctimas; penas de hasta 300 años para 39 integrantes de una banda de robos agravados y homicidios; y se capturó a una red de corrupción en ANDA Santa Ana integrada por 12 personas.
En la defensa del patrimonio del Estado, destacan la restitución de $1,073,758.20 por evasión de impuestos contra Elena Isabel Flores Comandari, la condena de 6 años contra Fernando José Recinos Casanovas por evasión de impuestos y resultados favorables en litigios internacionales como el caso FIBRANET ante el CIADI, que reclamaba $130 millones al Estado y concluyó con el desistimiento de la parte demandante.
Estadísticas institucionales
Durante el período se registraron 85,644 casos iniciados (promedio mensual de 7,137 y diario de 235), con julio de 2025 como el mes de mayor incidencia con 8,143 casos. Se contabilizaron 92,845 víctimas y 114,979 imputados, y un total de 91,592 delitos.
En los delitos de mayor impacto se reportaron 78 homicidios intencionales, 21 feminicidios, 2,726 violaciones, 438 extorsiones, 4,796 hurtos y robos, y 1,806 delitos relativos a las drogas. En materia de violencia de género se registraron 80 casos de violencia feminicida, 7,271 de violencia sexual, 2,092 de violencia física, 5,518 de violencia psicológica y 957 de violencia patrimonial.
El total de víctimas atendidas fue de 98,501; se contabilizaron 30,142 casos judicializados, 70,101 audiencias y 13,703 sentencias condenatorias. En los procesos penales, el 86.14% de los casos resueltos en audiencias y vistas públicas concluyeron con condena, destacando el delito de homicidio con un 88.78% de condenados.
Finalmente, en la defensa de los intereses del Estado se recuperaron $18,946,552.75, incluyendo $8,673,288.52 por impuesto sobre la renta, $1,666,798.39 por IVA, $2,458,982.46 por multas y $1,026,324.64 por evasión del IVA, entre otros rubros.
El Fiscal General de la República, Rodolfo Antonio Delgado Montes, aseguró que la institución continuará trabajando "con firmeza para que la ley se aplique sin distinciones, para que las víctimas encuentren justicia y para que quienes pretendan actuar al margen de la ley respondan ante los tribunales".
