La Asamblea Legislativa impulsa una nueva ley de alianzas público-privadas para dinamizar la infraestructura en El Salvador: la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión inició el estudio de la iniciativa, con la que el gobierno busca dejar atrás la ley vigente de 2013, calificada por las autoridades como excesivamente burocrática, para acelerar la inversión en proyectos estratégicos.
Puntos clave del proyecto: se propone establecer la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas, una unidad técnica especializada dentro del Ministerio de Hacienda que tendrá autonomía técnica en sus procesos de evaluación, para garantizar que los proyectos sean financieramente viables y técnicamente sólidos, según la información difundida.
Control fiscal riguroso: el Ministerio de Hacienda será el ente garante de la estabilidad fiscal, y antes de cualquier licitación los proyectos deberán superar dos filtros, un informe fiscal preliminar y un dictamen fiscal definitivo, además de un análisis de valor por dinero para comprobar si es más eficiente ejecutar la obra bajo la modalidad de alianza.
El ministro de Hacienda, Gerson Posada, enfatizó que esta ley no constituye una privatización sino una herramienta de colaboración: todas las obligaciones financieras derivadas de los contratos deberán integrarse al presupuesto general del estado y ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, eliminando cualquier posibilidad de deuda oculta, según reportó la comisión.
