DECRETO N° 285
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
I.- Que de acuerdo a los artículos 2 de la Constitución, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nadie puede ser objeto de injerencias ilegales, arbitrarias o abusivas en su vida privada y la de su familia, y toda persona tiene derecho a la protección contra esas injerencias o ataques.
II.- Que entre los instrumentos o herramientas de persecución penal que se consideran más eficaces en la lucha contra la delincuencia grave, organizada y transnacional se encuentra la posibilidad de intervenir las telecomunicaciones como limitación legítima, necesaria, proporcionada y razonable del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones, en el ámbito del derecho fundamental a la intimidad.
III.- Que mediante el Acuerdo de Reforma Constitucional N° 5, de fecha 29 de abril, publicado en el Diario Oficial N° 88, Tomo N° 383, de fecha 15 de mayo, ratificado por Decreto Legislativo N° 36, del 27 de mayo, publicado en el Diario Oficial N° 102, Tomo No. 383, del 4 de junio, todas las fechas de 2009, se reformó el artículo 24 de la Constitución a fin de permitir excepcionalmente la intervención temporal de las telecomunicaciones, previa autorización judicial motivada, para la investigación de los delitos que una Ley Especial determine.
IV.- Que la citada reforma constitucional obliga a adoptar una Ley Especial que desarrolle sus contenidos, con adecuadas regulaciones que equilibren el respeto del derecho al secreto de las comunicaciones con la eficacia en la investigación del delito.
V.- Que la intervención de las telecomunicaciones constituye un instrumento útil en la persecución del delito, en particular la criminalidad organizada, pero su utilización debe estar resguardada por garantías que eviten abusos contra la intimidad de las personas.
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados: José Antonio Almendáriz Rivas, Raúl Omar Cuéllar, Ricardo Bladimir González, Benito Antonio Lara Fernández, Ramón Arístides Valencia Arana, María Margarita Velado Puentes, Jaime Gilberto Valdez Hernández, Federico Guillermo Ávila Qüehl, Mario Eduardo Valiente Ortiz, Roberto José d’Aubuisson Munguía, Guillermo Antonio Gallegos Navarrete, Erik Mira Bonilla, José Rafael Machuca Zelaya y Rodolfo Antonio Parker Soto.
DECRETA, la siguiente:
ÍNDICE LEGISLATIVO 2
LEY ESPECIAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Secreto de las Telecomunicaciones. Intervención
Art. 1.- Se garantiza el secreto de las telecomunicaciones y el derecho a la intimidad. De manera excepcional podrá autorizarse judicialmente, de forma escrita y motivada, la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones, preservándose en todo caso el secreto de la información privada que no guarde relación con la investigación o el proceso penal. La información proveniente de una intervención ilegal carecerá de valor. Principios de Aplicación
Art. 2.- En la aplicación de la presente Ley regirán especialmente los siguientes principios: a) Jurisdiccionalidad: Sólo podrán intervenirse las telecomunicaciones previa autorización judicial, escrita y debidamente motivada, en los términos de la presente Ley. b) Proporcionalidad: La intervención de las telecomunicaciones tendrá carácter excepcional y sólo podrá recurrirse a ella cuando resulte útil para una investigación penal y se justifique suficientemente la necesidad de la medida, siempre que no existan otras formas menos gravosas a las cuales recurrir para la averiguación de los delitos previstos en esta Ley. c) Reserva y Confidencialidad: El procedimiento de intervención de las telecomunicaciones será reservado y la información privada ajena a la investigación será estrictamente confidencial. d) Temporalidad: La intervención se mantendrá durante el tiempo autorizado por el juez. e) Limitación Subjetiva: La intervención debe recaer únicamente sobre las telecomunicaciones y medios de soporte de las personas presuntamente implicadas en el delito, ya sean sus titulares o usuarios habituales o eventuales, directa o indirectamente, incluidas las telecomunicaciones por interconexión. La intervención también puede recaer sobre aparatos de telecomunicaciones y otros medios de soporte abiertos al público. Interpretación Restrictiva
Art. 3.- En caso de duda sobre su sentido, la presente Ley deberá ser interpretada en el sentido más favorable a la protección de los derechos a la vida privada, la intimidad personal y el secreto de las telecomunicaciones. Por lo que las disposiciones legales que los limiten serán interpretadas restrictivamente. ÍNDICE LEGISLATIVO 3 Definiciones
Art. 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: a) TELECOMUNICACIONES: CUALQUIER TIPO DE TRANSMISIÓN, EMISIÓN O RECEPCIÓN DE SIGNOS, SÍMBOLOS, SEÑALES ESCRITAS, IMÁGENES, CORREOS ELECTRÓNICOS, SONIDOS O INFORMACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA POR HILOS, RADIOELECTRICIDAD, MEDIOS ÓPTICOS U OTRO SISTEMA ELECTROMAGNÉTICO, QUEDANDO COMPRENDIDAS LAS REALIZADAS POR MEDIO DE TELEFONÍA, RADIOCOMUNICACIÓN, TELEGRAFÍA, MEDIOS INFORMÁTICOS O TELEMÁTICOS, O DE NATURALEZA SIMILAR. (2) b) INTERVENCIÓN: MECANISMO POR EL CUAL SE ESCUCHA, CAPTA O REGISTRA POR LA AUTORIDAD UNA COMUNICACIÓN PRIVADA QUE SE EFECTÚA MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE TELECOMUNICACIÓN, SIN EL CONSENTIMIENTO DE SUS PARTICIPANTES. (2) c) Medio de soporte: Es el utilizado para la transmisión, emisión, recepción o almacenamiento de cualquier tipo de telecomunicación. d) Encriptación o Cifrado: Sistema mediante el cual, con la ayuda de técnicas diversas o programas informáticos, se cifra o codifica determinada información con la finalidad de volverla inaccesible o ininteligible a quienes no se encuentran autorizados para tener acceso a ella. e) Operador de Redes Comerciales de Telecomunicaciones, que podrá abreviarse Operador: Persona natural o jurídica que ofrece uno o más servicios comerciales de telecomunicaciones. f) MATERIAL OBTENIDO: ES EL CONJUNTO DE REGISTROS TALES COMO AUDIO, TEXTO, DATOS Y EN GENERAL TODA LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LAS TELECOMUNICACIONES INTERVENIDAS ALMACENADAS EN EL CENTRO. EN LOS PROCEDIMIENTOS, SE ENTENDERÁ QUE CADA UNO DE LOS REGISTROS GOZAN DE INTEGRIDAD E INDEPENDENCIA UNO DEL OTRO; QUE EXTRAÍDOS DEL CENTRO Y RESGUARDADOS CONFORME A LAS REGLAS DE LA CADENA DE CUSTODIA EN MEDIOS O DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO IDÓNEOS, QUE EL CENTRO DETERMINE, CONSTITUYEN COPIA FIEL E ÍNTEGRA. (2) En todo caso, para entender el contenido de un concepto técnico o especializado en materia de telecomunicaciones, se estará a lo dispuesto en los Pactos, Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales y en las leyes relativas a las telecomunicaciones.
CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO
ÍNDICE LEGISLATIVO 4
Delitos de Procedencia
Art. 5.- ÚNICAMENTE PODRÁ HACERSE USO DE LA FACULTAD DE INTERVENCIÓN PREVISTA EN ESTA LEY EN LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE LOS SIGUIENTES DELITOS: 1) HOMICIDIO Y TODAS SUS FORMAS AGRAVADAS, ASÍ COMO EL HOMICIDIO IMPERFECTO O TENTADO Y LA PROPOSICIÓN Y CONSPIRACIÓN PARA COMETER DICHO DELITO. 2) EL DELITO DE FEMINICIDIO EN TODAS SUS MODALIDADES, ASÍ COMO LOS DELITOS GRAVES COMETIDOS POR MEDIOS INFORMÁTICOS O ELECTRÓNICOS REGULADOS EN LA LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES. 3) DELITOS GRAVES COMPRENDIDOS EN LIBRO SEGUNDO, TÍTULO III, CAPÍTULO I DEL CÓDIGO PENAL. 4) PORNOGRAFÍA, UTILIZACIÓN DE PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS E INCAPACES O DEFICIENTES MENTALES EN PORNOGRAFÍA Y POSESIÓN DE PORNOGRAFÍA. 5) LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY ESPECIAL CONTRA EL DELITO DE EXTORSIÓN. 6) LOS DELITOS GRAVES DE CORRUPCIÓN COMPRENDIDOS EN EL LIBRO SEGUNDO, TÍTULOS XV Y XVI DEL CÓDIGO PENAL. 7) DELITOS GRAVES, CONTEMPLADOS EN EL TÍTULO VIII, CAPÍTULO II Y II BIS, DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL, RELATIVO AL PATRIMONIO. 8) AGRUPACIONES ILÍCITAS. 9) COMERCIO DE PERSONAS, TRÁFICO ILEGAL DE PERSONAS, TRATA DE PERSONAS Y SU FORMA AGRAVADA. 10) ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DELICTIVAS. 11) LOS DELITOS PREVISTOS EN LA LEY REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LAS DROGAS. 12) LOS DELITOS PREVISTOS EN LA LEY ESPECIAL CONTRA ACTOS DE TERRORISMO. 13) LOS DELITOS PREVISTOS EN LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS. 14) LOS DELITOS COMETIDOS BAJO LA MODALIDAD DE CRIMEN ORGANIZADO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA. ÍNDICE LEGISLATIVO 5 15) LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y CONEXOS, COMETIDOS BAJO LA MODALIDAD DE CRIMEN ORGANIZADO. 16) LOS DELITOS PREVISTOS EN LA PRESENTE LEY. 17) LOS DELITOS CONEXOS CON CUALQUIERA DE LOS ANTERIORES. A LOS EFECTOS DE ESTE NUMERAL SE ENTIENDE COMO CONEXO AQUEL DELITO COMETIDO PARA PERPETRAR O FACILITAR LA COMISIÓN DE OTRO DE LOS PREVISTOS ANTERIORMENTE O PARA PROCURAR AL CULPABLE O A OTROS EL PROVECHO DE O LA IMPUNIDAD. EN NINGÚN CASO LA INTERVENCIÓN PROCEDERÁ CUANDO EL DELITO INVESTIGADO SEA MENOS GRAVE, SALVO EN CASO DE CONEXIDAD. (2) Condiciones Previas de Aplicación
Art. 6.- Para que la medida de intervención pueda ser solicitada y aplicada, deberán cumplirse las siguientes condiciones: a) INVESTIGACIÓN: DEBE EXISTIR UNA INVESTIGACIÓN DE UN HECHO DELICTIVO. (2) b) Elementos de juicio: Las investigaciones deben señalar la existencia de indicios racionales que se ha cometido, se está cometiendo o está por cometerse un hecho delictivo de los enunciados en el artículo anterior. Autoridad Facultada para Solicitar la Intervención
Art. 7.- EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL DIRECTOR DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN SERÁN LAS AUTORIDADES FACULTADAS PARA SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES Y SUS PRÓRROGAS, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE ALGÚN DELEGADO DESIGNADO POR ÉSTOS, QUE PERTENEZCAN AL CENTRO, Y QUE REÚNAN LOS MISMOS REQUISITOS EXIGIDOS POR ESTA LEY PARA SER DIRECTOR. (2) Juez Competente
Art. 8.- LA INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES SERÁ AUTORIZADA POR EL JUEZ DE GARANTÍA COMPETENTE. EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO CONOCERÁ LA MISMA AUTORIDAD JUDICIAL. EN LOS CASOS DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR MENORES DE EDAD, LOS JUECES DE GARANTÍA TENDRÁN LAS MISMAS FACULTADES OTORGADAS POR ESTA LEY. (1) (2) CONTENIDO Y PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (2)
Art. 9.- LA SOLICITUD PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES CONTENDRÁ: ÍNDICE LEGISLATIVO 6 a) LA INDICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SERÁN OBJETO DE INTERVENCIÓN, EN CASO QUE SE CONOZCAN LOS NOMBRES U OTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN. CUANDO SE DESCONOZCA LA IDENTIDAD DE LA PERSONA DEBERÁ SEÑALARSE ESTA CIRCUNSTANCIA. b) LA DESCRIPCIÓN DEL HECHO, ACTIVIDADES QUE SE INVESTIGAN E INDICIOS EN QUE SE FUNDA, LAS QUE DEBERÁN SER PRESENTADAS, CON INDICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN LEGAL DEL DELITO O DELITOS POR LOS QUE SE PETICIONA LA INTERVENCIÓN. c) LOS DATOS QUE IDENTIFICAN EL MEDIO O SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN A SER INTERVENIDO, TALES COMO NÚMERO DE TELÉFONO, FRECUENCIAS O DIRECCIONES ELECTRÓNICAS, INCLUYENDO LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS APARATOS Y DISPOSITIVOS EMPLEADOS PARA BRINDAR EL SERVICIO O EN SU CASO, CUALESQUIERA OTROS DATOS QUE SEAN ÚTILES PARA DETERMINAR LA CLASE DE TELECOMUNICACIÓN QUE SE PRETENDE INTERVENIR, SIN QUE AFECTE EL CAMBIO DE PORTABILIDAD NUMÉRICA PREVIO, DURANTE O POSTERIOR AL PROCEDIMIENTO. d) EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. e) LA DESIGNACIÓN DEL FISCAL RESPONSABLE DE LA INTERVENCIÓN, Y EL FACULTADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. EN CASOS DE URGENCIA Y NECESIDAD, LAS SOLICITUDES INICIALES JUNTO CON SUS DILIGENCIAS, ASÍ COMO LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN LA PRESENTE LEY, PODRÁN SER PRESENTADAS DE MANERA ELECTRÓNICA O POR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE EL CENTRO HABILITE Y SEÑALE EN LA SOLICITUD; SERÁN RESUELTAS DE LA MISMA MANERA, QUEDANDO HABILITADOS EN UN TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN AL EXPEDIENTE JUDICIAL. (2) Autorización
Art. 10.- EL JUEZ MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA DECIDIRÁ SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PLAZO MÁS BREVE POSIBLE ATENDIDAS LAS CIRCUNSTANCIAS, EL CUAL NO EXCEDERÁ DE CUATRO HORAS. EN CASO DE AUTORIZAR LA INTERVENCIÓN, EL JUEZ, EN EL PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, FIJARÁ LA DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN, INDICANDO SI FUERA POSIBLE LAS PERSONAS AFECTADAS, LOS DATOS DEL MEDIO O SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN A SER INTERVENIDO Y SU FECHA DE FINALIZACIÓN; ASÍ COMO LOS PERÍODOS EN LOS CUALES SERÁ INFORMADO POR EL FISCAL AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO. EN EL CURSO DE LA INVESTIGACIÓN PODRÁ SOLICITARSE LA AMPLIACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE FORMA CONJUNTA O SEPARADA HACIA OTRAS PERSONAS, DELITOS O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN. ÍNDICE LEGISLATIVO 7 LA PETICIÓN RESPECTIVA SE RESOLVERÁ EN EL PLAZO Y FORMA INDICADOS PARA LA SOLICITUD INICIAL DE INTERVENCIÓN. (2) Recurso
Art. 11.- La resolución judicial admitirá recurso de apelación por parte del fiscal siempre que cause agravio, en el término de veinticuatro horas contadas desde la notificación. Interpuesto el recurso, el Juez deberá remitir los autos sin más trámite ante la Cámara competente. LA CÁMARA DEBERÁ RESOLVER EL RECURSO, CON LA SOLA VISTA DE LOS AUTOS, EN EL PLAZO MÁS BREVE POSIBLE ATENDIDAS LAS CIRCUNSTANCIAS, EL CUAL NO EXCEDERÁ DE VEINTICUATRO HORAS CONTADAS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN. (2) La Corte Suprema de Justicia organizará un sistema de turnos en el que determinará la competencia de las Cámaras de Segunda Instancia, a fin de que se encuentren disponibles fuera de los días hábiles. Plazo
Art. 12.- La intervención de las telecomunicaciones se autorizará por plazos no superiores a tres meses, que podrán prorrogarse hasta por tres períodos más. Sólo podrán autorizarse nuevos plazos si se presenta una nueva solicitud fiscal con todos los requisitos previstos por esta Ley y con justificación suficiente de la necesidad de la prórroga. Dicha petición será resuelta en el tiempo previsto para la solicitud original. LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO AUTORIZADO. LA AUTORIZACIÓN DE LA PRÓRROGA SE HARÁ MEDIANTE UNA NUEVA RESOLUCIÓN MOTIVADA. (2) La denegación de la prórroga o sus condiciones admitirá apelación en los términos establecidos en esta Ley. Vencido el plazo sin autorización de prórroga, cesará inmediatamente la intervención. Ejecución de la Intervención
Art. 13.- La ejecución de la intervención de las telecomunicaciones será realizada por la Fiscalía General de la República, con la colaboración de la Policía Nacional Civil, sin hacer discriminación del material grabado. Se grabarán y conservarán íntegramente y sin ediciones las telecomunicaciones de la persona o personas investigadas, mediante los mecanismos que la técnica señale y conforme a la autorización judicial. ÍNDICE LEGISLATIVO 8 La copia y transcripción deberán contener no sólo los hechos y circunstancias de cargo sino también los que sirvan para descargo del imputado. Deberá quedar constancia de la identidad y actuaciones de personal ajeno al Centro de Intervención que colaboren en la ejecución de la medida, ya sean policías, fiscales, peritos permanentes o accidentales, y en todo caso, la identidad de toda persona autorizada para ingresar a dicho Centro. Durante la realización de la intervención de telecomunicaciones, se dejará constancia de las instrucciones recibidas por el fiscal. Las telecomunicaciones que se realicen en idioma que no fuere el castellano o cualquier otra forma de lenguaje, deberán ser traducidas o interpretadas; para ello el fiscal, aplicando lo prescrito en las leyes procesales penales, se auxiliará de los peritos que fueren necesarios. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCEDIMIENTO (2)
Art. 14.- EL FISCAL DOCUMENTARÁ TODAS LAS ACTUACIONES EN UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, QUE SERÁ RESERVADO. (2) Control Judicial de la Intervención
Art. 15.- El juez autorizante deberá controlar que la intervención se desarrolle de conformidad con la presente Ley y las condiciones establecidas en la resolución. En caso que el juez constate que se han transgredido las condiciones o requisitos para la intervención, valorará el cese de la misma de acuerdo a las circunstancias expresadas. La decisión que se adopte será apelable de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. FINALIZACIÓN ORDINARIA Y ANTICIPADA (2)
Art. 16.- LA MEDIDA CONCLUIRÁ DE FORMA ORDINARIA POR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO O ANTICIPADA A INSTANCIA DEL FISCAL O DEL JUEZ AUTORIZANTE CUANDO SE LOGRE EL OBJETIVO PARA EL CUAL HA SIDO AUTORIZADA LA INTERVENCIÓN, O RESULTE NO IDÓNEA, INNECESARIA, DESPROPORCIONADA O IMPOSIBLE DE EJECUTAR. AL CONCLUIR LA INTERVENCIÓN DE FORMA ANTICIPADA DE UNO O VARIOS MEDIOS DE SOPORTE, EL FISCAL NOTIFICARÁ AL JUEZ Y SE CONTINUARÁ CON LA INTERVENCIÓN DEL RESTO DE MEDIOS. CUANDO PROCEDA LA FINALIZACIÓN ANTICIPADA U ORDINARIA DE TODO EL PROCEDIMIENTO, SE REMITIRÁ AL JUEZ AUTORIZANTE UN INFORME FINAL DE LA MISMA EN EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES. (2) Cadena de Custodia
Art. 17.- EL CENTRO DE INTERVENCIÓN SERÁ RESPONSABLE DIRECTO DE LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL OBTENIDO, PARA LO CUAL DEBERÁ ESTABLECER LOS CONTROLES TÉCNICOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD DE CADA UNA DE LAS TELECOMUNICACIONES. SOBRE ÍNDICE LEGISLATIVO 9 MATERIAL OBTENIDO POR EL CENTRO SE ELABORARÁ UNA COPIA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DIGITAL, DE UNO O VARIOS REGISTROS DE TELECOMUNICACIONES A QUE SE REFIERE LA PRESENTE LEY Y SERÁN REMITIDOS CONFORME LAS REGLAS DE LA CADENA DE CUSTODIA. (2) Prohibición de Edición del Material
Art. 18.- SE PROHÍBE LA EDICIÓN DEL MATERIAL OBTENIDO DURANTE LAS INTERVENCIONES DE LAS TELECOMUNICACIONES. SE ENTENDERÁ QUE CADA REGISTRO DE LAS TELECOMUNICACIONES CAPTADAS SERÁ ÍNTEGRO INDIVIDUALMENTE Y PODRÁ ORDENARSE LA ELABORACIÓN DE COPIAS DE LA SELECCIÓN DE LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES PARA SU OFRECIMIENTO Y REPRODUCCIÓN EN JUICIO. LAS ÚNICAS COPIAS QUE PODRÁN SERVIR COMO PRUEBA SERÁN LAS EXTRAÍDAS DIRECTAMENTE DEL CENTRO. (2) Reserva
Art. 19.- El procedimiento de intervención será completamente reservado. El juez autorizante, el fiscal y el personal del Centro de Intervención, así como los miembros de la Policía Nacional Civil que participen de las investigaciones tendrán especial responsabilidad para el cumplimiento de la reserva. También se mantendrá estricto secreto sobre el contenido del material que no sea útil a la investigación. Documentación Judicial del Procedimiento
Art. 20.- EL JUEZ DE GARANTÍAS DEBERÁ DOCUMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN EN UN EXPEDIENTE QUE SERÁ RESERVADO Y SE REGISTRARÁ EN FORMA CODIFICADA. LO ANTERIOR SERÁ APLICABLE A LOS SOPORTES ELECTRÓNICOS QUE DEBEN LLEVAR LAS CÁMARAS QUE CONOZCAN DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS DECISIONES EN MATERIA DE INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES. EL EXPEDIENTE SERÁ RESGUARDADO EN EL CENTRO DE INTERVENCIÓN, BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU DIRECTOR. EN CONSECUENCIA, LAS ACTUACIONES POSTERIORES POR PARTE DEL JUEZ DE GARANTÍAS A QUE SE REFIERE LA PRESENTE LEY DEBERÁN SER REALIZADAS EN LA SEDE DEL CENTRO O SUS DELEGACIONES. EN CASO DE URGENCIA Y NECESIDAD JUSTIFICADA POR EL TRIBUNAL, PODRÁ RESOLVERSE EN SEDE JUDICIAL Y NOTIFICAR LAS RESOLUCIONES ANTES MENCIONADAS POR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS SEÑALADOS PARA TALES EFECTOS, EN UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES PARA LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA DEL EXPEDIENTE JUDICIAL. (2) Material no Descodificado
Art. 21.- Si el material grabado en el transcurso de la intervención no ha podido ser traducido o interpretado, total o parcialmente, por encriptación, protección por contraseñas u otra razón similar, el ÍNDICE LEGISLATIVO 10 Centro de Intervención conservará el material hasta su traducción o interpretación. El fiscal indicará en detalle tal circunstancia al juez autorizante, entregándole la grabación íntegra de dicho material. Una vez revelado el material, el fiscal remitirá una copia de éste al juez autorizante. Validez en Caso de Delitos Conexos y Descubrimiento Casual de Otros Delitos
Art. 22.- SI MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES SE DESCUBRE LA COMISIÓN DE OTROS DELITOS OBJETO DE LA PRESENTE LEY, O DELITOS CONEXOS A LOS INVESTIGADOS QUE LE DIERON ORIGEN, ASÍ COMO OTROS PARTÍCIPES EN LA COMISIÓN DE LOS MISMOS; SE PODRÁ SOLICITAR AMPLIACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL RESPECTO DE ESTOS, EN EL MISMO PROCEDIMIENTO O DE FORMA SEPARADA, DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, HASTA CINCO DÍAS HÁBILES ANTES DE QUE VENZA EL PLAZO DE LA INTERVENCIÓN. DE SER PROCEDENTE, EL JUEZ DICTARÁ RESOLUCIÓN MOTIVADA SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA MEDIDA Y AUTORIZARÁ LA ACUMULACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE INTERVENCIÓN O SU TRAMITACIÓN SEPARADA, CONFORME LE SEA SOLICITADO. LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE DELITOS EXCLUIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY Y QUE NO SEAN CONEXOS, SERÁ VALORADA CONFORME A LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. (2) DESTRUCCIÓN DE MATERIAL OBTENIDO (2)
Art. 23.- FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN, SI LA FISCALÍA NO HUBIESE UTILIZADO EL MATERIAL OBTENIDO EN EL TÉRMINO DE UN AÑO, PODRÁ SOLICITAR LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL NO PERTINENTE A LA INVESTIGACIÓN. EN CUANTO AL RESTO DEL MATERIAL OBTENIDO, ÚNICAMENTE PODRÁ SER ORDENADA SU DESTRUCCIÓN A SOLICITUD DEL FISCAL, CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA COMISIÓN DE OTRO U OTROS HECHOS DELICTIVOS DE LOS PREVISTOS EN EL Art. 5 DE LA PRESENTE LEY Y CUANDO SEA IMPOSIBLE INDIVIDUALIZAR A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE SU COMISIÓN O NO EXISTA POSIBILIDAD DE HACERLO, E INCLUSO CUANDO ESTANDO INDIVIDUALIZADO LOS RESULTADOS OBTENIDOS NO PERMITAN SU INCRIMINACIÓN. EN TODO CASO, PROCEDERÁ LA DESTRUCCIÓN DEL MATERIAL UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO MÁS GRAVE. EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO LA RESOLUCIÓN QUE ORDENE LA DESTRUCCIÓN DE MATERIAL OBTENIDO SERÁ APELABLE. (2)
CAPÍTULO III
INCORPORACIÓN AL PROCESO JUDICIAL
Remisión al Juez del Proceso
Art. 24.- CON EL REQUERIMIENTO FISCAL, SE SOLICITARÁ AL JUEZ DE LA CAUSA, CUANDO PROCEDA, QUE REQUIERA EL EXPEDIENTE JUDICIAL DE LA INTERVENCIÓN. EL JUEZ COMPETENTE ORDENARÁ AL CENTRO LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL O COPIA CERTIFICADA DE ÉSTE, ÍNDICE LEGISLATIVO 11 SEGÚN EL CASO, A MÁS TARDAR DENTRO DE LAS VEINTICUATRO HORAS DE RECIBIDA LA PETICIÓN. EL CENTRO PODRÁ REMITIR JUNTO AL EXPEDIENTE LA COPIA DE LA SELECCIÓN DEL MATERIAL OBTENIDO PARA LA INVESTIGACIÓN SOLICITADA. UNA VEZ FINALIZADO EL PROCEDIMIENTO Y PREVIO A LA REMISIÓN DEL PROCESO, EN CASO DE SER NECESARIA LA UTILIZACIÓN PARCIAL O TOTAL DEL MATERIAL OBTENIDO, EL DIRECTOR PODRÁ SOLICITAR AL JUEZ COPIAS CERTIFICADAS Y GRABACIÓN PARCIAL DE AUDIOS; GUARDANDO EN TODO CASO LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DEL RESTO DE LA INFORMACIÓN PENDIENTE DE UTILIZAR EN JUICIO. DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES SE SUSPENDERÁN LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO FISCAL A QUE SE REFIERE LA LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. DURANTE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN EL JUEZ DE LA CAUSA DEBERÁ SOLICITAR LA COPIA DEL MATERIAL OBTENIDO SELECCIONADO. (2) Publicidad de la Intervención
Art. 25.- Una vez entregado el expediente judicial de la intervención al juez competente el mismo será público, excepto que resulten aplicables las reglas generales de reserva del proceso penal y en todo caso las partes mantendrán estricto secreto sobre el contenido del material que no interesa a la investigación. Acceso al Material por la Defensa
Art. 26.- INCORPORADO AL PROCESO PENAL EL EXPEDIENTE JUDICIAL DE LA INTERVENCIÓN, LA DEFENSA TENDRÁ ACCESO COMPLETO AL MISMO. EN CUANTO A LAS TELECOMUNICACIONES DE OTRAS PERSONAS VINCULADAS AL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN LA DEFENSA DEBERÁ FUNDAMENTAR ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA LA PERTINENCIA, UTILIDAD Y NECESIDAD PARA ELLO. LA REPRODUCCIÓN DEL MATERIAL PARA EL USO DE LA DEFENSA CORRERÁ BAJO SU CARGO, SALVO EN EL CASO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (2) Destrucción del Material Ajeno
Art. 27.- Las partes podrán acordar la destrucción del material grabado que no interesa a los efectos del proceso penal, el cual deberán identificar expresamente. En este caso, el juez competente ordenará la destrucción de los pasajes pertinentes de su propia grabación, solicitando la asistencia del Centro de Intervención. Incorporación y Valoración
Art. 28.- Las pruebas recabadas durante la intervención de las telecomunicaciones serán producidas en el proceso de acuerdo a lo prescrito en las leyes respectivas y valoradas de conformidad a las reglas de la sana crítica. EL MATERIAL OBTENIDO DE LA INTERVENCIÓN SERÁ CONSIDERADO PRUEBA DOCUMENTAL, LA REPRODUCCIÓN DE ESTE EN AUDIENCIA SERÁ A CARGO DEL JUEZ O TRIBUNAL DE LA CAUSA Y ÍNDICE LEGISLATIVO 12 PERMANECERÁ ALMACENADO EN EL CENTRO HASTA QUE SEA ORDENADA LA DESTRUCCIÓN DEL MISMO. DEL MATERIAL OBTENIDO SE SELECCIONARÁ LA PRUEBA PERTINENTE, PARA QUE SEA COPIADA EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DIGITALES IDÓNEOS PARA SU ANÁLISIS, INCORPORACIÓN, REPRODUCCIÓN Y VALORACIÓN EN JUICIO. (2) Las voces provenientes de una telecomunicación intervenida podrán ser cotejadas mediante pericia y podrán ser incorporadas en el proceso penal como prueba de la identidad de uno o algunos de los participantes.
CAPÍTULO IV
CENTRO DE INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES
Creación del Centro
Art. 29.- Créase el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones como un ente adscrito a la Fiscalía General de la República, el cual se denominará el “Centro” o “Centro de Intervención”. Este Centro será el encargado de ejecutar las intervenciones de las telecomunicaciones autorizadas por los jueces, en estricta aplicación de lo prescrito en la presente Ley. El Centro contará con un presupuesto especial que será agregado al de la Fiscalía General de la República. EL ESTADO POR MEDIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA DEBERÁ OTORGAR LOS FONDOS PARA LA FUNDACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO PERMANENTE DEL CENTRO, QUE PERMITA LA MODERNIZACIÓN CONSTANTE DE SU PLATAFORMA TECNOLÓGICA, A FIN DE MANTENER LA EFECTIVIDAD DE LA HERRAMIENTA DE INTERVENCIÓN. (2) Funcionamiento del Centro
Art. 30.- El Centro funcionará ininterrumpidamente y deberá contar con las plataformas tecnológicas necesarias para garantizar la intervención de las telecomunicaciones autorizada por resolución judicial; las cuales deberán ser compatibles con los sistemas de los operadores y respetar los estándares y especificaciones técnicas vigentes. Para los efectos indicados, los operadores tendrán la obligación de adecuar o complementar sus sistemas para permitir y mantener la conectividad con las plataformas del Centro. El Centro podrá establecer unidades móviles, si la técnica o la eficacia de su funcionamiento lo hacen necesario. El Centro deberá resguardar debidamente y sin editar las grabaciones de las telecomunicaciones intervenidas. ÍNDICE LEGISLATIVO 13 Cuando corresponda la destrucción de las grabaciones de telecomunicaciones intervenidas de conformidad a lo establecido en la presente Ley, el Centro procederá a ello, acto del cual se informará al juez de la causa. Es obligación del Fiscal General de la República en coordinación con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, elaborar el Protocolo de Funcionamiento del Centro de Intervención en cuanto a la fiscalización periódica y auditoría del mismo. Director y Personal del Centro
Art. 31.- El Director, los funcionarios y el personal técnico del Centro de Intervención serán nombrados por el Fiscal General de la República, y salvo el personal de informática y mantenimiento del equipo, estarán comprendidos en la carrera fiscal. El Director del Centro deberá ser salvadoreño por nacimiento, mayor de treinta y cinco años, profesional con título universitario, tener capacitación en telecomunicaciones o áreas afines, con un mínimo de tres años de la carrera fiscal, moralidad notoria, no poseer antecedentes penales ni policiales, estar en el pleno ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores al ejercicio del cargo. Los funcionarios y el personal técnico deberán tener la acreditación universitaria o técnica pertinente, no poseer antecedentes penales ni policiales, estar en el pleno goce de sus derechos de ciudadano y haberlo estado en los cinco años anteriores al ejercicio del cargo. El Centro deberá contar con la colaboración de miembros de la Policía Nacional Civil, quienes deberán ser propuestos al Fiscal General de la República por el Director de la Policía Nacional Civil y ser designados por el Fiscal para laborar en el Centro. Asimismo estar adscritos a unidades especializadas de la misma, tener la acreditación universitaria o técnica pertinente, ser de comprobada probidad y capacidad, no poseer antecedentes penales ni policiales, ni haber sido condenado por violación a derechos humanos y no deberán haber sido objeto de condena por faltas graves o muy graves de acuerdo a la Ley Disciplinaria Policial. Los oficiales y agentes de la Policía Nacional Civil en cuanto cumplan actos de intervención al servicio del Centro actuarán bajo el control del fiscal, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la que estén sometidos. En caso de mal desempeño de sus funciones, los miembros de la Policía podrán ser separados inmediatamente de sus actividades en el Centro, por decisión del Fiscal General. El funcionamiento y seguridad del Centro de Intervenciones, como la selección y fiscalización permanente, tanto del Director, funcionarios, personal y miembros de la Policía Nacional Civil que elabore en el mismo, estará normado en un reglamento que para tal efecto deberá elaborar el Fiscal General. ÍNDICE LEGISLATIVO 14 Eficacia de las Intervenciones
Art. 32.- LOS OPERADORES DEBERÁN, ACATAR LAS ÓRDENES TÉCNICAS DEL DIRECTOR DEL CENTRO, A FIN DE INTERVENIR EFICAZMENTE LAS TELECOMUNICACIONES AUTORIZADAS POR EL JUEZ COMPETENTE. DE IGUAL FORMA, LAS OPERADORAS DEBERÁN MANTENER REGISTROS DE SUS USUARIOS. ESTOS NO MANTENDRÁN CUENTAS ANÓNIMAS O CUENTAS EN LAS CUALES EXISTAN NOMBRES INCORRECTOS O FICTOS Y DEBERÁN CREAR LOS MECANISMOS DE CONTROL PARA ESTOS EFECTOS. (2) Cuando por aspectos técnicos, los operadores estimen que no es posible cumplir la orden del Director del Centro se lo comunicarán así por escrito en el plazo máximo de veinticuatro horas, indicando las razones respectivas. Si el Director del Centro estima que las razones no son atendibles, elaborará un informe y lo remitirá en el menor tiempo posible al Superintendente General de Electricidad y Telecomunicaciones, quien sin más trámite y dentro de cuarenta y ocho horas resolverá si procede ejecutar la orden respectiva por parte del operador. La resolución que se emita no admitirá recurso alguno. Fiscalización
Art. 33.- EL CENTRO LLEVARÁ UN REGISTRO INALTERABLE CONFORME LA TÉCNICA LO INDIQUE DE TODAS LAS INTERVENCIONES QUE REALICE MEDIANTE AUTORIZACIÓN JUDICIAL. EL PROCURADOR PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBERÁ DESIGNAR PERSONAL IDÓNEO QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA INTERNA PARA SER MIEMBRO DEL CENTRO, PARA VERIFICAR ANUALMENTE QUE LAS INTERVENCIONES QUE SE REALICEN CUENTEN CON AUTORIZACIÓN JUDICIAL Y, POR RESOLUCIÓN FUNDAMENTADA, PODRÁ REALIZAR AUDITORÍAS ESPECÍFICAS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALIZADOS, CUANDO MEDIARE UNA DENUNCIA SOBRE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD O SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES. LOS INFORMES DE AUDITORÍAS SERÁN DE CARÁCTER RESERVADO Y SERÁN REMITIDOS ÚNICAMENTE Y DE FORMA CONFIDENCIAL AL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES EN LOS CASOS QUE SEAN PROCEDENTES. (2)
CAPÍTULO V
INFRACCIONES PUNIBLES
Divulgación de Material Reservado
Art. 34.- El que revele, divulgue o utilice en forma indebida la información obtenida en el curso de una intervención de telecomunicaciones autorizada, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. El que por culpa permitiese la revelación, divulgación o utilización de la información obtenida mediante una intervención de las telecomunicaciones será sancionado con prisión de seis meses a un año. ÍNDICE LEGISLATIVO 15 En cualquiera de los casos anteriores, si el responsable fuese funcionario, autoridad o empleado público o agente de autoridad se impondrá además la pena de inhabilitación para el desempeño del cargo o empleo público por igual período al de la pena de prisión impuesta. Intervenciones Ilícitas
Art. 35.- El que realice una intervención de telecomunicaciones sin autorización judicial será sancionado con prisión de cinco a diez años. Si quien realizare la intervención fuere funcionario, autoridad o empleado público o agente de autoridad, se le impondrá además la pena de inhabilitación para el desempeño del cargo o empleo público por igual período al de la pena de prisión impuesta. Uso de Información Proveniente de Intervención Ilícita
Art. 36.- El que revele, divulgue o utilice de cualquier forma la información obtenida a partir de la comisión del delito señalado en el artículo anterior, será sancionado con pena de tres a seis años de prisión. Daños en Registros de Intervención de Telecomunicaciones
Art. 37.- El que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer, alterare o deteriorare la información obtenida mediante la intervención legal de las telecomunicaciones será sancionado con prisión de cuatro a ocho años. Si quien realizare cualquiera de las conductas anteriores fuere funcionario, autoridad o empleado público o agente de autoridad, se le impondrá además la pena de inhabilitación para el desempeño del cargo o empleo público por igual período al de la pena de prisión impuesta. Captación de Información de la Intervención de Telecomunicaciones
Art. 38.- El que por cualquier medio evadiere cualquier medida tecnológica que controle el acceso a las bases, sistemas operativos o registros informáticos del Centro de Intervención o de los operadores cuando estén al servicio de la intervención, será sancionado con prisión de tres a seis años. Si en virtud del acceso se obtuviere información total o parcial sobre los procedimientos de intervención de las telecomunicaciones la pena impuesta se aumentará hasta en una tercera parte. Si quien realizare cualquiera de las conductas anteriores fuere funcionario, autoridad o empleado público o agente de autoridad, se le impondrá además la pena de inhabilitación para el desempeño del cargo o empleo público por igual período al de la pena de prisión impuesta. Importación o Tenencia de Equipos Destinados a la Intervención de las Telecomunicaciones
Art. 39.- El que sin autorización introduzca, importe o tenga en su poder equipos destinados a la intervención de las telecomunicaciones será sancionado con prisión de uno a cuatro años y comiso de los equipos objeto del delito. ÍNDICE LEGISLATIVO 16 Sanción por Falta de Colaboración
Art. 40.- El incumplimiento de la obligación de adecuación o complementación de los sistemas por los operadores y del deber de éstos de garantizar la conectividad con el Centro serán consideradas faltas muy graves de conformidad con la Ley de Telecomunicaciones, y estarán sujetas al régimen de infracciones y sanciones así como a los procedimientos establecidos en la misma. Causal de Destitución
Art. 41.- El cometimiento de las infracciones anteriores por parte de cualquier funcionario, empleado, autoridad pública o agente de autoridad será justa causa para la destitución de su cargo, previo el procedimiento establecido en el régimen de servicio que le fuere aplicable. La imposición de las sanciones previstas en la presente Ley se hará sin perjuicio de otras responsabilidades penales o civiles en que incurran los infractores. Indemnización
Art. 42.- La intervención ilegal de las telecomunicaciones o la divulgación del material que no interesa a los efectos de la investigación o el proceso penal, dará lugar a la indemnización por daños y perjuicios, de los que responderá personalmente el servidor público infractor y subsidiariamente el Estado, en cuyo caso éste tendrá el derecho de repetición.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y VIGENCIA
Colaboración
Art. 43.- TODOS LOS FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, EMPLEADOS PÚBLICOS, AGENTES DE AUTORIDAD, OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE TENGAN A SU CARGO DATOS DE GEOLOCALIZACIÓN Y/O REGISTROS O INFORMACIÓN VINCULANTE A LA PRESENTE LEY, ESTÁN OBLIGADOS A COOPERAR CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES ANTES SEÑALADAS. PARA LA APLICABILIDAD DE ESTA LEY, LOS OPERADORES ADECUARÁN LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS NECESARIAS PARA EL ACCESO DIRECTO A LAS BASES DE DATOS QUE SE REQUIERAN. LA FORMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS SERÁ PARA USO EXCLUSIVO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN ESTA LEY. LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA DE LOS SECTORES ANTES MENCIONADOS POR PARTE DEL CENTRO, DEBEN SER DOCUMENTOS CERTIFICADOS TANTO FÍSICOS O ELECTRÓNICOS DE ACUERDO A LA MEJOR TÉCNICA QUE ESTE ESTABLEZCA. LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, ESTARÁ OBLIGADA A VERIFICAR DE FORMA PERIÓDICA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CENTRO. ÍNDICE LEGISLATIVO 17 DE MANERA ESPECIAL, LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDICADOS ESTÁN OBLIGADOS A NOTIFICAR A LA FISCALÍA LA EXISTENCIA DE LAS INFRACCIONES Y LOS DELITOS REGULADOS EN LA PRESENTE LEY. (2) Exclusividad de Importación de Equipos
Art. 44.- EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, TENDRÁ LA EXCLUSIVIDAD PARA IMPORTAR EQUIPOS O PROGRAMAS DESTINADOS A LA INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES. (2) Prohibiciones Técnicas
Art. 45.- Se prohíbe la utilización de mecanismos que no permitan el registro de la identificación del emisor de la comunicación en los sistemas de los operadores, ya sea que la comunicación se origine localmente o en el extranjero. Autorización por Participantes
Art. 46.- La grabación de telecomunicaciones autorizada por uno de los participantes legítimos en la comunicación, no será considerada intervención y podrá ser valorada como prueba conforme a las reglas generales. Registros de Llamadas Telefónicas
Art. 47.- Los fiscales en el desarrollo de una investigación penal podrán, previa resolución motivada, requerir de los operadores los informes relativos a los datos de registro de la línea o líneas telefónicas investigadas y los registros de llamadas, correos electrónicos y otros medios de telecomunicaciones, durante un período determinado así como los datos sobre el origen de las comunicaciones. La información requerida deberá ser entregada por los operadores conforme a los siguientes plazos: a) Para los registros de línea se dispondrá de un plazo máximo de veinticuatro horas. b) Para los registros de llamadas y datos de origen de las comunicaciones, así como de correos electrónicos y otros medios de telecomunicaciones, se dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles, si la información se refiere a comunicaciones efectuadas en un período inferior a un año contado a partir de la fecha de la solicitud; de un plazo máximo de cinco días hábiles, cuando la información se refiera a comunicaciones realizadas en un período mayor de un año y menor de tres años contados a partir de la fecha de la solicitud; y de un plazo máximo de diez días hábiles si la información se refiere a comunicaciones efectuadas en un período mayor a tres años contados a partir de la fecha de la solicitud. ÍNDICE LEGISLATIVO 18 EN EL CASO DEL CENTRO, SE ESTABLECERÁN LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS IDÓNEAS PARA LA OBTENCIÓN EN TIEMPO REAL DE LOS ABONADOS, REGISTROS, GEOLOCALIZACIONES Y DEMÁS BASES DE DATOS QUE SEAN NECESARIOS EN LA TRAMITACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES. LA INFORMACIÓN QUE DEBA SER PRESENTADA EN JUICIO, PODRÁ SER CERTIFICADA TANTO FÍSICA, DIGITAL O ELECTRÓNICAMENTE SEGÚN LA TÉCNICA QUE ESTABLEZCA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (2) La Fiscalía deberá establecer las políticas y procedimientos necesarios para tramitar ante los operadores las solicitudes de información. El incumplimiento de la entrega de la información será considerada falta grave de conformidad con la Ley de Telecomunicaciones, y estará sujeta al régimen de infracciones y sanciones así como a los procedimientos establecidos en la misma. Los operadores estarán obligados a conservar todos los registros correspondientes por un plazo no menor de diez años. Obligación de Rendir Informes
Art. 48.- Anualmente el Fiscal General de la República deberá presentar a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa un informe confidencial sobre el uso que se haya hecho de la facultad de intervención de las telecomunicaciones. La Comisión dictaminará lo que considere pertinente para conocimiento del Pleno Legislativo. El informe deberá contener una valoración sobre el uso de las intervenciones, en particular los resultados obtenidos y los obstáculos enfrentados, así como las recomendaciones legislativas, administrativas o de otra índole que sean necesarias para mejorar la aplicación de la intervención de las telecomunicaciones en la investigación del delito. No será exigible que el informe se refiera a datos concretos de una investigación en específico, excepto en los casos en los cuales se haya utilizado la intervención de las telecomunicaciones como medio de prueba en un proceso penal en el que exista sentencia firme. Régimen de Excepción
Art. 49.- En caso de decretarse un régimen de excepción que suspenda la garantía del artículo veinticuatro de la Constitución de la República, el decreto legislativo que lo declare podrá ampliar los delitos a los que se podrá aplicar la intervención de las telecomunicaciones, pero se continuará respetando la garantía de autorización judicial previa y el procedimiento establecido en esta Ley. ORDEN PÚBLICO
Art. 49-A.- LA PRESENTE LEY ES DE ORDEN PÚBLICO Y SUS DISPOSICIONES PREVALECERÁN SOBRE CUALQUIER OTRA. (2) ÍNDICE LEGISLATIVO 19 Aplicación Supletoria
Art. 50.- En todo lo no previsto se aplicará supletoriamente el Código Procesal Penal, en tanto no contradiga los principios y la naturaleza de esta Ley. Disposiciones Transitorias
Art. 51.- El Centro de Intervención iniciará operaciones a más tardar seis meses posteriores a la entrada en vigencia del presente Decreto. En dicho período, el Fiscal General de la República deberá coordinar con todos los operadores, a efecto de que éstos adecúen o complementen sus sistemas, para permitir la conectividad con las plataformas del mismo.
Art. 52.- No será exigible el requisito de tener capacitación en telecomunicaciones o áreas afines para el Director, funcionarios y miembros de la Policía Nacional Civil del Centro de Intervención, a que hace referencia el Art. 31 de la presente Ley, mientras éstos no sean capacitados dentro de un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la vigencia de esta Ley. Vigencia
Art. 53.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los dieciocho días del mes de febrero de año dos mil diez. CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA, PRESIDENTE. OTHON SIGFRIDO REYES MORALES, GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE, PRIMER VICEPRESIDENTE. SEGUNDO VICEPRESIDENTE. JOSÉ FRANCISCO MERINO LÓPEZ, ALBERTO ARMANDO ROMERO RODRÍGUEZ, TERCER VICEPRESIDENTE. CUARTO VICEPRESIDENTE. FRANCISCO ROBERTO LORENZANA DURÁN, QUINTO VICEPRESIDENTE. LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA, CESAR HUMBERTO GARCÍA AGUILERA, PRIMERA SECRETARIA. SEGUNDO SECRETARIO. ELIZARDO GONZÁLEZ LOVO, ROBERTO JOSÉ d'AUBUISSON MUNGUÍA, TERCER SECRETARIO. CUARTO SECRETARIO. SANDRA MARLENE SALGADO GARCÍA, IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ, QUINTA SECRETARIA. SEXTA SECRETARIA ÍNDICE LEGISLATIVO 20 MIGUEL ELÍAS AHUES KARRA, SÉPTIMO SECRETARIO. CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los doce días del mes de marzo del año dos mil diez. PUBLÍQUESE, Carlos Mauricio Funes Cartagena, Presidente de la República. José Manuel Melgar Henríquez, Ministro de Justicia y Seguridad Pública. D. O. N° 51 Tomo N° 386 Fecha: 15 de marzo de 2010 CGC/adar 13-04-2010 REFORMAS: (1) D. L. No. 618, 28 DE ENERO DE 2014; D. O. No. 33, T. 402, 19 DE FEBRERO DE 2014. (2) D. L. No. 552, 1 DE NOVIEMBRE DE 2022; D. O. No. 225, T. 437, 29 DE NOVIEMBRE DE 2022. INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA: D. L. No. 861, 15 DE DICIEMBRE DE 2017; * DECLARADO INCONSTITUCIONAL D. O. No. 240, T. 417, 22 DE DICIEMBRE DE 2017. INCONSTITUCIONALIDAD: * LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, POR MEDIO DE SENTENCIA NO. 5-2018, PUBLICADA EN EL D. O. NO. 142, T. 432, DEL 26 DE JULIO DE 2021, DECLARA INCONSTITUCIONAL EL D. L. 861/2017, POR CONTRAVENIR LOS ARTS. 142 Y 131 ORDINAL 5° (EN RELACIÓN CON EL ART. 24 INCISO FINAL), TODOS DE LA CONSTITUCIÓN. LA RAZÓN ES QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA INCURRIÓ EN FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN, AL INTRODUCIR Y APROBAR UNA INICIATIVA DE LEY PARA INTERPRETAR AUTÉNTICAMENTE UNA DISPOSICIÓN LEGAL, PERO QUE EN EL FONDO ALTERA DE MANERA ENCUBIERTA SU TEXTO. COMO RESULTADO DE ESTA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD LA INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA CONTENIDA EN DICHO DECRETO NO SE ENTENDERÁ INCORPORADA AL Art. 23 DE LA LEY DE INTERVENCIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES. (SP/10/08/21) * El Art. 23 fue reformado posteriormente por el D.L. No. 552/22. SV 19/03/14 ÍNDICE LEGISLATIVO 21 VM 02/02/18 WN° 3/12/22 ÍNDICE LEGISLATIVO